El robo de un DNI que acabó en condena para un inocente

Hay veces que en la Justicia ocurren acontecimientos impensables, alejados de toda garantía y que dejan al afectado en la indefensión más evidente.

Uno de esos casos le alcanzó el 29 de septiembre de 2022 a Manuel (nombre ficticio), que, de hecho, es hijo de un juez. Ese día estaba en su domicilio, cuando se personaron en su vivienda, situada en la Comunidad de Madrid, efectivos de la Policía Nacional para notificarle una sentencia en la que se le condenaba por falsedad documental y estafa en grado de tentativa.

Había denunciado el hurto de su documentación

El joven, estupefacto, le contó a los agentes que era la primera noticia que tenía de la existencia de una causa judicial en su contra. Defendió ante los policías que no había cometido los hechos por los que había sido sentenciado en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.

Ya en aquel momento lo relacionó con que meses antes, en junio de aquel año, le habían robado el móvil en un festival de música y en la funda de este llevaba el DNI.

Le sorprendió que esto pudiese llegar a ocurrir, dado que había denunciado la sustracción de su documentación el mismo día que tuvo lugar ante la comisaría del madrileño distrito de Hortaleza. Para demostrar que era así les entregó en mano, en ese mismo momento, una copia de la denuncia.

El detenido se identificó como Manuel

El abogado del detenido, el penalista Fernando Eraus Saiz, pidió la nulidad de todas las actuaciones judiciales que precedieron a la condena por juicio rápido de este tercero, Manuel, que no era su cliente. El joven lo tuvo claro desde el principio.

Había sido víctima de una suplantación de identidad, de la que hasta ese momento no fue consciente. Cuando los investigadores acudieron a identificar al que se consideraba supuesto autor de la estafa, este les entregó el DNI de Manuel sin que nadie se percatase de la usurpación. Fallaron todos los mecanismos de identificación policial.

La Policía Judicial inició los trámites ese mismo día para comprobar si, como decía Manuel, él no era la persona a la que debía habérsele impuesto la pena a seis meses de prisión y multa de tres meses a razón de tres euros diarios.

Ninguna coincidencia en sus huellas

La Guardia Civil de Majadahonda realizó un cotejo de sus huellas dactilares con las que obraban en el expediente de la persona que se hizo pasar por él. El resultado fue el esperado: coincidencia dactilar negativa, «ambas personas son completamente distintas», tal y como se pone de relieve en los informes policiales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

«No se corresponden sus puntos característicos morfológicamente y situación en el dactilograma de la persona detenida y a la que acudieron a comunicar la condena por el caso de estafa», dejaron patente los investigadores en sus pesquisas.

Eraus, como letrado por el turno de oficio del condenado con la identidad de otro, mandó toda esta documentación al juzgado que sentenció el asunto pidiendo la nulidad de la causa ante este incidente excepcional de falsa identificación de la persona condenada. Para él, como profesional de la abogacía, fue beneficioso ya que su cliente se acabó librando de las consecuencias judiciales.

La estafa quedó impune

Finalmente el 4 de noviembre de 2022, la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Getafe anuló el procedimiento dictando el archivo de las actuaciones porque «no deja lugar a duda alguna, la persona que se identificó y por la que se siguió juicio rápido, condenada en sentencia, no es realmente Manuel al no coincidir sus huellas dactilares con el detenido por estos hechos, atribuyéndose falsamente su identidad».

También requirió la jueza a la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que cancelase la anotación de la condena en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj).

No se procedió contra el supuesto autor de los delitos, al dar por «no identificada a la persona detenida» por una presunta estafa que quedó impune.

Ejemplo del "desastre" judicial

Para este abogado es una «clara muestra del desastre que se vive en los juzgados, llegando al punto de que se condena a la persona equivocada por un error».

Eraus advierte de que, aunque situaciones tan delicadas como esta «evidentemente no pasan todos los días, la cantidad de errores y trabas burocráticas que nos encontramos los abogados a diario para ejercer nuestra profesión, son enormes».