Los cambios que se están produciendo en la Corporación RTVE están definidos por un sesgo ideológico favorable a la izquierda cada vez más perceptible. Es más, tal sesgo no solo no se pretende disimular, sino que es objeto de reconocimiento público, como el premio al «periodismo independiente» concedido por el PSOE de Madrid a Silvia Intxaurrondo, conductora del programa 'La Mañana de la 1', en el que, solo en enero pasado, fueron entrevistados diez ministros del Gobierno. Un premio ganado a pulso, sin duda. Más allá de este episodio, que no tiene nada de mera anécdota, sino que es muy representativo del estado actual de RTVE, resulta inevitable no poner esta deriva de los medios públicos estatales en relación con el cansino discurso del Gobierno sobre la necesidad de un periodismo independiente, transparente y sin 'fake news'. Todas las apelaciones que Pedro Sánchez y sus ministros han hecho a estas virtudes de su idea de periodismo siempre han estado amparadas por el Reglamento europeo de libertad de medios de comunicación. Se trata de un argumento cínico, porque el plan del Gobierno para RTVE es una negación absoluta de «la protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación», como pilares de la democracia y el Estado de derecho, según proclama la normativa europea. Más intensa es la negación cuando tales medios son de naturaleza pública, deben cumplir un servicio público y están financiados con dinero público. Los cambios en la programación y en las personas de la nueva etapa que dirige José Pablo López, nuevo presidente de la Corporación RTVE, se resumen en dos palabras: activismo y militancia. Por ejemplo, con el seguidismo sumiso de TVE al proyectar, en el quinto aniversario del confinamiento por la pandemia, un documental sobre los fallecidos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Fallecidos o «asesinados», como llegó a desbarrar la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, antes de retractarse. Esa militancia no dejará espacio indemne, porque se extenderá –ya lo está haciendo– sobre los informativos, el entretenimiento e incluso las propuestas de ficción, áreas todas ellas infiltradas por la directriz de ser altavoces de los eslóganes de la izquierda, en general, y del Gobierno, en particular. Además de una política de fichajes insólitos (y caros) en el perfil de lo que debe ser una televisión pública de calidad, es evidente que RTVE ha optado por perder la neutralidad en la definición de su estrategia institucional y, desde la lógica iliberal que aplica el Gobierno de Sánchez al sistema constitucional de libertades, es comprensible que los medios dependientes del Ejecutivo agudicen su sectarismo a medida que aumenten las diversas crisis que afectan al PSOE y a La Moncloa. Se trata de un hito cualificado en la campaña de colonización de instituciones por parte de un Gobierno que fía su continuidad a la degradación de la democracia y de las libertades en las que esta se asienta, en este caso, las libertades de información y de expresión, sometidas a un monopolio ideológico afín al poder. Se echa de menos aquella sensibilidad epidérmica de los «viernes negros» que le montaban algunos trabajadores de RTVE al Gobierno del PP, hoy desaparecida y reconvertida en una colaboración activa con el plan socialista de domesticación del ente público. Si hay un indicador fiable del deterioro de una democracia no es solo el empeño del Gobierno de turno por anular los contrapesos a su poder, sino la nómina de colaboradores que, renunciando a los principios que dicen defender y desde las instituciones secuestradas, se adhieren con entusiasmo al plan de imposición ideológica.
