Editorial: Montaje presidencial contra el TSE
En su constante campaña por erosionar la independencia de poderes, atacar el trabajo de instituciones de control y denigrar a dirigentes, funcionarios y voces independientes, el presidente Rodrigo Chaves la ha emprendido ahora contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Sus ataques siguen dos líneas: una, distorsionar el mandato de este organismo ante denuncias de terceros por beligerancia política de una categoría de funcionarios públicos que abarca a los miembros de los supremos poderes; otra, falsear burdamente y desinformar sobre la naturaleza y contenido de un proyecto de reforma electoral dictaminado favorablemente en comisión y listo para ser votado en el plenario legislativo.
Según declaró durante su puesta en escena televisiva del pasado miércoles, las investigaciones por beligerancia abiertas en su contra por la instancia competente del TSE son un intento por “acallarlo”; incluso, por darle “un golpe de Estado”. Su afirmación no podía ser más temeraria, truculenta, falsa y peligrosa. Porque, entre otras cosas, omitió decir, deliberadamente, que el Tribunal actúa bajo competencias constitucionales y legales, y que, en el ejercicio de estas, está obligado a atender denuncias de ciudadanos y organizaciones con plenos derechos para plantearlas. Negarse a hacerlo implicaría una inaceptable violación de deberes.
El proyecto de ley contra el que se ha lanzado con agresividad digna de mejor causa, es uno de tres presentados en marzo del 2023 a la Asamblea Legislativa por el TSE. Su objetivo, muy claro, es adaptar las regulaciones ya existentes sobre propaganda electoral a una nueva realidad mediática, impulsada por nuevas tecnologías y materializada por las plataformas digitales de comunicación, como Facebook, Instagram, TikTok o X. Los otros dos se refieren a requisitos y umbrales para inscribir o desinscribir partidos políticos, y a las modalidades de su financiamiento estatal.
Basta con leer el proyecto sobre propaganda con un mínimo de atención y elemental buena intención, para percatarse de que en ninguna parte, como afirma el mandatario, pretende limitar la libertad de expresión de los ciudadanos sobre temas políticos, partidistas o de cualquier otra índole. Al contrario, está plenamente enmarcado en el ejercicio de este derecho, tutelado por la Constitución, las leyes y abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional. Decir lo contrario es mentir.
En esencia, la propuesta del TSE prohíbe difundir propaganda en “cuentas, perfiles, sitios, canales, páginas u otros medios digitales falsos”, o hacerlo ocultando la identidad de quienes paguen por su contratación. Tales contenidos deberán tener una firma responsable, tal como ocurre en los medios tradicionales.
También dispone que las plataformas dedicadas a vender publicidad deberán señalar a un representante legal en el país, al que el TSE pueda solicitar información sobre pautas contratadas, y que se les aplicarán las disposiciones ya vigentes sobre la divulgación de resultados de encuestas y la prohibición de difundir propaganda, en campaña, entre el 16 de diciembre y el 1.° de enero.
El deliberado montaje desinformativo para desacreditar este proyecto y, así, erosionar la confianza en el TSE, queda al desnudo a partir de la secuencia de hechos que resumimos a continuación.
Entre lunes y martes, una serie de activistas lanzaron en diversas plataformas digitales y redes sociales la especie de que el TSE había pedido a la Asamblea Legislativa “apurar el proyecto que impide a los costarricenses pronunciarse en redes sociales sobre política”. Con base en esta evidente falsedad, alguien que se presenta como periodista preguntó a Chaves, el miércoles, qué opinaba sobre la solicitud del Tribunal a los diputados para que “agilicen un tema en el cual les está pidiendo que los costarricenses de a pie no hablen sobre temas políticos”.
Sirvió así el plato para que el presidente lanzara una diatriba contra esa inexistente “violación absoluta a la libertad de expresión”, a la que calificó “patrocinada” por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y destinada a favorecer a medios “infames” como La Nación, CRHoy y Canal 7. Vino entonces el anuncio definitivo de que la vetaría. El círculo de desinformación quedó así completo.
No sorprende, por supuesto, que durante su diatriba ocultara algo esencial: el dictamen afirmativo de comisión a este proyecto se produjo sin oposición alguna, y el diputado oficialista Jorge Antonio Rojas López votó a favor, lo cual, en la “lógica” de Chaves, lo convertiría también en “patrocinador” aun más directo que Arias.
Si no fuera por la gravedad del montaje, construido sobre falsedades absolutas y con el afán de golpear la credibilidad del TSE y de la Asamblea Legislativa, bastaría con añadirlo a la interminable lista de exabruptos que cada miércoles emanan de Zapote. Sin embargo, en un año electoral, cuando el presidente de la República debe ser particularmente cuidadoso de su investidura y de la calidad y claridad del proceso, el hecho resulta muy grave. Por esto merece ser revelado en sus detalles y condenado en todos sus extremos.