La juez de Catarroja se dedicará en exclusiva a la causa de la dana tras activarse un refuerzo

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja podrá dedicar todo su tiempo a la investigación sobre la gestión de la catastrófica dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. En los próximos días el Gobierno incorporará al mismo otro magistrado que se encargará de «todos los casos pendientes», para que la juez quede «completamente liberada para atender única y exclusivamente» la causa penal que ha centralizado en su juzgado. Así lo ha anunciado este domingo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. «Estaremos hasta el final con todos los recursos que hagan falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad», ha aseverado. La firma de este refuerzo, solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se produjo el 7 de marzo, aunque «ya en el mes de noviembre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se sentó» el TSJ «para hablar de la necesidad de reforzar el juzgado de Catarroja con el objetivo de que no se desbordaran de trabajo dada la situación a la que seguramente se iba a enfrentar». De hecho, tuvo que trasladar su actividad a la Ciudad de la Justicia de Valencia ante el estado en el que quedaron las instalaciones en el municipio tras la barrancada con 225 muertos y tres desaparecidos . La instructora se mostró dispuesta en enero a asumir la competencia sobre las denuncias y querellas que siguen llegando a distintos órganos judiciales de la provincia de Valencia y que se van acumulando a las diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades del partido judicial de Catarroja. La Fiscalía Provincial creó entonces un equipo de cinco profesionales , entre los que se incluyen especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal para colaborar con ella en una instrucción tan compleja, ante la cantidad de fallecidos y de acusaciones -particulares y populares- personadas. De momento, sólo constan como imputado la exconsellera con las competencias en emergencias Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. En los contundentes pronunciamientos que ha ido realizando en sus autos, la magistrada ha incidido en que las muertes se podían haber evitado -investiga sólo presuntos homicidios y lesiones por imprudencia - y en la falta de alertas a la población para que pudiera protegerse. En un comunicado difundido el pasado 4 de marzo, el Ministerio Público señaló que comparte «en general, los criterios de la instructora especialmente respecto a la acotación, por el momento, de la investigación a las consecuencias lesivas sobre las personas (heridas y muertes) como consecuencia, en su caso, de conductas imprudentes».