Acusan a la sheriff de San Diego de violar la Ley de Valores de California al colaborar con ICE sin orden judicial
La sheriff del condado de San Diego, Kelly Martinez, ha quedado en el centro de la controversia tras ser acusada de incumplir la normativa migratoria de California. Según el Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC), su oficina habría proporcionado información a las autoridades federales de inmigración, lo que contradice las disposiciones establecidas en la legislación estatal.
El debate sobre la colaboración entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cobra especial relevancia en un contexto donde la administración de Donald Trump ha prometido reforzar las deportaciones. La política migratoria de California, considerada una de las más restrictivas en términos de cooperación con el gobierno federal, choca frontalmente con estas medidas, lo que ha convertido a la región en un foco de disputa política y social.
¿Cuáles son las acusaciones específicas contra la sheriff de San Diego, en relación con la política migratoria de California?
La sheriff Kelly Martinez ha sido acusada de proporcionar a ICE datos sobre la fecha de liberación de personas detenidas en las cárceles del condado, lo que facilitaría su deportación. Según activistas, esta práctica va en contra de la Ley de Valores de California (SB 54) y de la política L-02 del condado de San Diego, que prohíben la cooperación entre agencias locales y el gobierno federal en temas migratorios sin una orden judicial.
El Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego ha exigido explicaciones y ha pedido al Departamento del Sheriff que detenga cualquier tipo de colaboración con ICE. Ian Seruelo, presidente del SDIRC, aseguró que la comunidad inmigrante se encuentra en riesgo debido a la supuesta injerencia de las autoridades locales en las deportaciones. Además, enfatizó que la población inmigrante, en su mayoría trabajadores en sectores clave como la industria automotriz, incluyendo la fabricación de una marca de autos muy exportada en EE. UU., es fundamental para la economía del país.
Por su parte, la sheriff Martinez ha respondido a las acusaciones afirmando que su oficina opera con independencia y dentro del marco legal. Argumentó que su deber es garantizar la seguridad pública y que la ley estatal ya establece los límites sobre la cooperación con ICE. Sin embargo, activistas aseguran que estas explicaciones no son suficientes y exigen medidas concretas para evitar futuras violaciones a la normativa migratoria.
¿Qué establece la Ley de Valores de California (SB 54) respecto a la cooperación entre agencias locales y el ICE?
La Ley de Valores de California (SB 54), también conocida como la "Ley del Estado Santuario", fue aprobada en 2018 con el objetivo de restringir la colaboración de las autoridades locales con ICE. Esta legislación prohíbe que las agencias estatales y locales utilicen recursos para asistir en la aplicación de leyes migratorias federales, excepto en casos específicos relacionados con delitos graves.
Además, la SB 54 impide que las autoridades locales informen a ICE sobre la fecha de liberación de detenidos, a menos que exista una orden judicial. En línea con esta normativa, el condado de San Diego aprobó la política L-02, que refuerza las restricciones a la cooperación con el gobierno federal en asuntos migratorios. Sin embargo, las denuncias contra la sheriff Martinez sugieren que esta directriz no se estaría cumpliendo en su totalidad.