Tres responsables del CSIC, a un paso de juicio por la muerte de dos científicos tras un alud en el Valle de Arán

La Audiencia de Lérida ha dejado a un paso de juicio a tres responsables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a la propia agencia estatal, como responsable civil subsidiaria, por la muerte de dos investigadores tras un alud en una expedición en el Valle de Arán en 2018 , por el que un tercero resultó herido . Los magistrados de la Sección Primera estiman así los recursos contra el auto de Intrucción 1 de Vielha y dejan así sin efecto el sobreseimiento provisional de la causa, al recordar que el informe de la Inspección de Trabajo con motivo del accidente recogió la «omisión casi completa de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales , destacando que se dejó a la voluntad de los trabajadores el ascenso al lado como único criterio preventivo». Además, aunque el alud fue sobrevenido, Inspección concluyó que « no se tuvo en cuenta una correcta estimación de riesgos y medidas preventivas » ante el trabajo llevado a cabo. La sala entiende que, con estos datos, «basta para que se acuerde la continuación de la causa contra los referidos investigados y contra el CSIC en calidad de responsable civil subsidiario», y que no procede continuar respecto a los que, en esa fecha, eran presidenta del organismo, secretario general adjunto de Recursos Humanos y jefa del área de Prevención de Riesgos Laborales. El accidente se produjo el 22 de mayo de 2018, cuando los tres investigadores realizaban una ascensión al centro de investigación de la Universidad de Barcelona, situado en la boca sur del túnel de Vileha. Su objetivo era tomar uestras de agua, tal y como se hacía periódicamente, en el marco de un proyecto del CSIC. Pero durante el trayecto, reza la resolución, « se vieron sorprendidos por un alud de nieve que, fatalmente, los arrastró por un precipicio ». A consecuencia del mismo, dos fallecieron y el tercero resultó gravemente lesionado. Recoge además la Audiencia de Lérida que, pese a que las dos víctimas mortales no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social, sí «mantenían una relación laboral» con el CSIC , habiendo sido contratados «de forma verbal» para efectuar el citado ascenso y percibían una remuneración de 100 euros al día. Concluyen así los jueces que no puede descartarse la existencia de indicios racionales de un delito contra la seguridad en el trabajo, lesiones y homicidios imprudentes.