Fiscalía formaliza investigación contra José Domingo Pérez por presunto delito de peculado de uso
La Fiscalía de la Nación, por medio de Delia Espinoza, formalizó la investigación contra José Domingo Pérez por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia fue presentada en junio del 2024 y acusa al fiscal del caso Lava Jato de utilizar recursos e instalaciones del Ministerio Público para su defensa en una audiencia judicial.
El denunciante Luis Miguel Caya Salazar indica que, el 29 de mayo de 2024, Domingo Pérez habría usado su despacho, equipos electrónicos, mobiliario y otros recursos estatales para presentar sus alegatos durante una audiencia de tutela de derechos.
Tras ello, el 27 de noviembre de 2024, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos remitió el caso y la fiscal Elizabeth Marticorena Patiño asumió la investigación. En ese marco, Pérez fue citado a declarar ante el Ministerio Público el 14 de febrero último.
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Domingo Pérez también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito
A fines del 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició una investigación formal contra el fiscal José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito, vinculado a la adquisición de una camioneta Volvo valorada en 46,000 dólares. Esta información fue confirmada por fuentes de la institución a este medio.
Según la Fiscalía, la compra fue financiada parcialmente con la venta de vehículos de Domingo Pérez y su esposa, así como con ahorros mancomunados. No obstante, aún no se ha justificado el origen de US$13.500 por parte de la esposa de Pérez, lo que ha llevado a la fiscal Espinoza a exigir pruebas que respalden el origen de estos fondos.
La investigación incluirá una pericia complementaria para analizar documentos que no fueron revisados en la etapa preliminar. Durante esta fase, el fiscal superior Reggis Chávez podría solicitar medidas limitativas o la suspensión de Pérez mientras se recaba más evidencia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, rechazó el recurso que presentó el fiscal José Domingo Pérez con el que buscaba detener la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, tras la adquisición de un vehículo mientras aún afrontaba el pago de la garantía hipotecaria de un departamento y un estacionamiento. Estos indicios ya habían sido materia de una indagación anterior.
Según la resolución (a la que RPP tuvo acceso), la tutela de derechos presentada por el fiscal señalaba que esta investigación vulneraba el debido proceso y configuraba una doble persecución penal, porque los hechos presentados ya habían sido archivados previamente por la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, para César San Martín, el Código Procesal Penal permite reexaminar una investigación cuando surgen nuevos elementos de convicción. Por lo que no se configura una doble persecución penal en el caso y que la compra de un vehículo fue el elemento que motivó la reapertura de esta investigación en su contra.
Con la decisión de la Corte Suprema, el caso sigue su curso en el Ministerio Público, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para formalizar una acusación en contra del fiscal del equipo especial Lava Jato. Por su parte, José Domingo Pérez había solicitado en septiembre del año pasado que se archive el caso. En su argumento señaló que se trataría de una campaña de acoso judicial, estigmatización y hostigamiento debido a su trabajo.