100.000 contribuyentes de renta desaparecieron en 6 años en Costa Rica: analizamos qué pasó

El proceso de declaración del impuesto sobre la renta (ISR) finalizó este lunes, con una reducción de más de 100.000 contribuyentes, comparado con el número de empresas y personas inscritas en el 2019, según datos del Ministerio de Hacienda.

La entidad tiene previsto que para el cierre fiscal del 2024 haya un total de 472.294 obligados tributarios, la cifra es un 17,6% menor frente a los 573.114 contribuyentes de renta inscritos en el Registro Único Tributario en el 2019.

La diferencia sería aún mayor si se compara con el 2020, cuando la cantidad de obligados alcanzó su punto más alto, con 614.180 inscritos. No obstante, Mario Ramos, director de Tributación, advirtió a La Nación de que los datos del 2020 y los dos años siguientes (2021 y 2022) no deben tomarse como referencia debido a factores fiscales que distorsionaron las cifras.

En el 2024, Hacienda registró una recaudación de ¢2.423.251 millones por el tributo de renta, lo cual significó una reducción de 2,6% respecto a los ¢2.489.183 millones del 2023. Ramos precisó que la disminución no está relacionada con una menor cantidad de contribuyentes.

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Por esta razón, este diario contrastó los registros del 2019 con la previsión para 2024, evidenciando la diferencia de 100.820 contribuyentes.

Consultados al respecto, Mario Hidalgo, socio líder de Impuestos de Grant Thornton, y Priscilla Piedra, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica, señalaron que la migración de trabajadores independientes a empleos en relación de dependencia tras la pandemia, así como la reorganización de sociedades, pudieron influir en esta reducción.

Cambios en normativa fiscal afectaron cantidad de contribuyentes

Al analizar la cantidad de contribuyentes por periodo fiscal, se observa un incremento entre 2019 y 2020, seguido de una tendencia a la baja y un leve repunte en el 2024.

Según Mario Ramos, el pico de 614.180 obligados en 2020 obedeció a cambios en la normativa fiscal y a un proceso de depuración de datos realizado por Tributación.

Sobre el primer factor, el director explicó que la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°. 9635) modificó las disposiciones existentes sobre sociedades inactivas para adecuar la legislación a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“En Costa Rica ha existido, históricamente, una práctica a través de la cual las personas se compran un carro o una casa, y en vez de ponerla a nombre propio, la ponen a nombre de una sociedad anónima. En algunos casos, esto era una práctica para evadir impuestos”, afirmó Ramos.

La nueva normativa impuso una mayor vigilancia fiscal y exigió que estas sociedades declararan sus utilidades. Al estar constituidas bajo el Código de Comercio, se les consideró entidades comerciales, incluso al no tener actividad económica y estar inactivas, por lo que debían presentar declaración de renta.

Ante la falta de un formulario específico que se adecuara a este nuevo requerimiento, el Ministerio de Hacienda solicitó a todas las personas jurídicas inactivas completar la declaración D.101 sobre utilidades en el 2020 y años posteriores, hasta que en 2023 se habilitó un documento exclusivo para este tipo de sociedades.

Esta medida provocó el incremento de contribuyentes en 2020 y mantuvo cifras elevadas en el 2021 y 2022, con 550.981 y 561.472 obligados, respectivamente. No obstante, con la implementación del nuevo formulario, la cantidad se redujo a 457.031 en 2023.

Por eso es que hay tantos contribuyentes en el 2020, porque ahí están las sociedades activas que tenían operaciones económicas y las inactivas que tenían una casa, un carro o una acción en un club (...) Ahora, esperaríamos tener un descenso mayor en declaraciones D101 del impuesto de las utilidades, porque ya las inactivas tienen su propia obligación y su propio formulario por aparte.

Mario Ramos, director de Tributación.

El segundo factor señalado por Ramos fue una depuración de datos, a partir del 2023, realizada por Hacienda, en la que se excluyeron personas físicas que llevaban al menos dos periodos fiscales sin emitir comprobantes electrónicos, lo que también ha contribuido a la disminución de contribuyentes.

Pandemia influyó en cantidad de trabajadores independientes

Mario Hidalgo, socio de Impuestos de Grant Thornton, explicó a La Nación que la pandemia de la covid-19 impulsó a muchas personas a emprender para generar ingresos, lo que aumentó la inscripción de contribuyentes con actividades lucrativas obligados a declarar renta.

“Mucha gente tuvo que buscar actividades emprendedoras e inscribirse como personas físicas con actividades lucrativas, porque habían sido cesados en sus trabajos o los patronos habían optado por pagar la mitad de la jornada. (...) Conforme fue desapareciendo el efecto de la pandemia, mucha gente regresó a la relación laboral típica, de una relación de dependencia,” detalló.

Hidalgo agregó que ser trabajador independiente o proveedor de servicios profesionales no siempre es positivo, ya que implica estar más expuesto a la fiscalización de la administración, lo que lleva a muchos a preferir retomar vínculos laborales subordinados.

Reducción de entidades legales

En Costa Rica, otro factor que podría incidir en la baja de contribuyentes es la disminución de sociedades anónimas. Hidalgo indicó que, en el pasado, era común que las personas constituyeran sus negocios, locales comerciales y puntos de venta a través de diferentes personerías jurídicas, aunque todas pertenecieran a un mismo propietario.

Con la posibilidad de reorganización empresarial, establecida en el artículo 27 quáter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, muchas empresas optaron por fusionarse en una sola entidad legal para reducir costos. Este fenómeno se intensificó con la implementación del impuesto a las personas jurídicas en 2017.

Además, la socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen una vida útil corta, ya que en su mayoría no superan los seis años. Señaló que, ante la instauración del impuesto, muchas optan por dejar de pagar para que, eventualmente, a modo de sanción, sean eliminadas del registro.

Según el desglose de datos de contribuyentes entre personas jurídicas y físicas entre 2019 y 2023, se ha observado una tendencia a la baja en ambos rubros. En 2019, por ejemplo, de los 573.114 obligados, 158.661 eran personas físicas y 39.665, personas jurídicas. De este total, 198.326 no presentaron su declaración a tiempo (34.6%).

Para el 2023, el último dato disponible, la cifra total descendió a 457.031, distribuidos entre 110.444 personas físicas y 27.611 jurídicas, de las cuales 138.055 no presentaron la declaración (30,21%).