Comuns anuncian una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "poner fin" a la "infiltración ilegal" de policías en movimientos sociales
El secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, así como diputado de Catalunya en Comú en el Grupo Plurinacional de Sumar, Gerardo Pisarello, ha anunciado esta mañana en la Cámara Baja el registro de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que pretenden poner fin a la "infiltración ilegal de agentes de policía" en movimientos sociales y políticos.
En este sentido, la propuesta de reforma pretenderá limitar esta figura a "delitos graves" relacionados con el terrorismo o con el crimen organizado, para lo que quieren exigir, además, un "control judicial riguroso" de este tipo de intervenciones, con el objetivo de que la práctica se adecúe a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Comuns denuncian la "infiltración ilegal" de policías en movimeintos sociales
"En los Estados actuales, la fugura de los agentes encubieros puede tener sentido en la lucha contra la gran delincuancia, el narcotráfico o la trata de personas", ha asegurado del diputado de los Comunes, mientras que ha defendido que no debe ser así para cualquier otro procedimiento.
Sin embargo, el diputado ha asegurado que en los últimos meses, han podido constatar que su uso se ha ido "extendiendo abusivamente a otros campos", donde se han identificado casos de infiltraciones policiales "presuntamente no autorizadas" en movimientos de defensa del derecho a la Vivienda, movimientos independentistas o movimientos pro-palestinos.
"Todos estos precedentes revelan un patrón de abuso que se vienen produciendo por el Ministerio del Interior del partido Popular y del PSOE que, además de vulnerar la intimidad y la confianza de las personas afectadas, atenta contra el derecho de reunión y manifestación", ha declarado Pisarello.
De esta manera, el diputado ha finalizado su intervención respecto a este tema asegurando que "no hay democracia digna de ese nombre si los derechos de participación política y social no están suficientemente protegidos frente al espionaje ilegal".