El Poder Judicial afirma que los jueces que preparan a los opositores actúan con “fines generosos” pese a cobrarles

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en su pleno de este miércoles un informe que avala algunas de las medidas de la reforma del Gobierno que propone un cambio integral de las oposiciones a juez y fiscal, como el blindaje por ley de las becas; pero sostiene que otros aspectos generan “dudas” sobre su “falta de idoneidad”. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, alude a la voluntad del Ejecutivo de poner en marcha un registro público de jueces que ejercen como preparadores de opositores, así como la obligación de que tengan que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad.

En este punto, el órgano define la preparación de oposiciones como “una obligación moral/deontológica” y sostiene que, en muchas ocasiones, obedece a “fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos” a pesar de que se trata de un trabajo por el que cobran a cada opositor entre 200 y 300 euros al mes. El dictamen afirma que esta actividad es “una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial” y que no siempre tiene “fines mercantilistas”.

La complejidad de la preparación de estas oposiciones provoca que, mayoritariamente, quienes opositan no lo lleven a cabo en solitario. Lo habitual es “preparar” con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los aspirantes hasta que se sienten listos para presentarse al examen. 

En el régimen actual sólo deben pedir esta autorización si esta actividad les ocupa más de 75 horas anuales. Además, nadie vigila a quien no solicita ese permiso. El anteproyecto prevé exigir “en todo caso” la concesión de compatibilidad por parte del CGPJ a los jueces que preparen oposiciones (también a los que imparten charlas o conferencias). E impone al órgano el deber de poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones. 

La intención es acabar con el actual mercado negro de preparadores, en el que los profesionales cobran por alumno hasta 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos, según reveló una investigación de elDiario.es. La obligación de pedir la compatibilidad y formar parte del registro también conecta con las becas públicas —que la reforma también blinda por ley— y que requieren acreditar los pagos al preparador.

Centro público de preparación

Respecto al registro de los jueces y magistrados, el informe enfatiza que desde 2015 el órgano hace pública a través de su web el listado de jueces y magistrados que han obtenido licencia de compatibilidad, plazo y causa de la concesión de la misma. En realidad, el CGPJ no publica un listado como tal, sino que ofrece un buscador en el que poder localizar a los miembros de la carrera judicial que tienen solicitada y concedida alguna actividad compatible con el ejercicio jurisdiccional.

Por otro lado, el informe hace objeciones a la pretensión del Gobierno de acabar con la preparación de oposiciones como un negocio únicamente privado. El anteproyecto pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. El dictamen considera que sería “más adecuado” que la preparación “estuviera encomendada a una autoridad u órgano plenamente independiente” y que el poder judicial jugara un “papel notable”.

El informe considera “absolutamente general y abstracta” la regulación de la función de preparación por parte del CEJ. Y pide que se concreten “las líneas generales de actuación, organización, funcionamiento, cualificación profesional de los preparadores”, así como los requisitos y condiciones de matriculación para facilitar que accedan quienes tengan los mejores expedientes.

Otra de las patas de la reforma es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. En la nueva regulación, se suprimirá una prueba oral y se introducirá una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico. Sobre este punto, el informe afirma que no se concreta “qué es lo que se trata de valorar” a través de ese caso práctico. 

Otras vías de acceso a la carrera judicial

El dictamen también cuestiona dos de las medidas que prevé el anteproyecto para aumentar el número de jueces. Se trata, por un lado, del acceso por el llamado cuarto turno, que permite entrar en la carrera a profesionales de otras especialidades del Derecho a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ considera “discriminatoria” y no “justificada” la voluntad del Gobierno de reconocer a quienes ingresen de este modo a la carrera cinco años de servicios prestados en la categoría de juez en el orden jurisdiccional por el que hubieran accedido.

Por otro lado, el dictamen pone objeciones a la regulación que establece la norma para estabilizar la situación del alrededor de un millar de jueces sustitutos. Según el dictamen, no se da la “situación excepcional” que exige la jurisprudencia constitucional para adoptar esta medida. Además, dice que “no se considera aceptable” que se establezca una compensación económica para los profesionales que “estando en activo” como sustitutos o suplentes “no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración”.