La Federación Internacional de Pelota Vasca reconoce a la de Euskadi y amenaza a la Española
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró a EFE que este organismo está trabajando para llegar a un acuerdo «en torno al mejor reconocimiento y proyección de la pelota vasca» tanto con la Federación Española, como la de Euskadi y la Internacional. «Las leyes están para cumplirse y el artículo 48 de la Ley del Deporte, para aplicarse. En un Estado de Derecho, nadie debería cuestionar esto. Reconocer los deportes autóctonos como la pelota vasca, la pilota valenciana o la lucha canaria es reconocer la riqueza de expresiones deportivas que nos representan a todos», señaló.
Rodríguez Uribes respondía al portavoz del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, que había acusado al Gobierno de «mirar hacia otro lado mientras se pone en riesgo la representación de España en el ámbito internacional», tras la admisión de la Federación de Euskadi como miembro de la internacional en una asamblea en diciembre, que la Federación Española ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo por posibles irregularidades.
«Desde el CSD estamos trabajando para llegar a un acuerdo, tal y como exige la Ley del Deporte, en torno al mejor reconocimiento y proyección de la pelota vasca y para ello queremos contar con la Federación Española, la de Euskadi y la Internacional, con las que nos estamos reuniendo en estos días», añadió Rodríguez Uribes.
Los equipos jurídicos de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), la Española (FEP) y la de Euskadi (EEPF) están citados este miércoles, una semana después de otro encuentro y del mantenido a principios de este año, con la intención por parte del CSD de abrir «un espacio de diálogo que sea constructivo entre las tres partes y que se cree una mesa de trabajo con todas» para facilitar ese consenso.
El CSD mantiene que debe defender el interés general, la promoción de la pelota vasca y el derecho de los deportistas dentro del papel que le otorga la Ley 39/2022 del Deporte y que abre la puerta a que las federaciones autonómicas en deportes con arraigo puedan participar directamente en el ámbito internacional.
El 28 de diciembre pasado la Asamblea general de la FIPV aprobó la admisión de la Federación de Euskadi con la participación de sólo siete miembros, en la que la Española no votó ya que, según la Internacional, quien la representó fue una persona que no formaba parte de su comisión gestora y no tenía representatividad. La RFEP estaba entonces en proceso electoral y el presidente de su gestora, Julián García Angulo, estaba sancionado por la comisión disciplinaria por comentarios impropios en redes sociales, tras una denuncia de la Federación Árabe.
La Federación Española explica que ha acudido al TAS por considerar que hubo irregularidades en esa asamblea, en la que se le impidió ejercer su derecho al voto, a la vez que denunció amenazas tanto a sus miembros como a sus deportistas. «La Federación Española de Pelota sólo apela una decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca, no apela ningún derecho de otras Federaciones, ni apela a cuestiones de política territorial que pueden en el futuro ser debatidas con las correctas garantías y transparencia. Es rotundamente FALSO que la Federación Española haya denunciado a la Federación de Pelota Vasca de Euskadi ante el TAS».
Amenazas reiteradas
El organismo sostiene que en ninguna de las reuniones en las que ha participado en el CSD, donde volverá este miércoles, «se han recibido propuestas para intentar alcanzar un consenso, y sí amenazas reiteradas de que, si no se retira la apelación al TAS y se acepta completamente el acuerdo tomado irregularmente por la Federación Internacional de Pelota Vasca, ésta adoptará los acuerdos oportunos para expulsar a la Federación Española de Pelota como miembro de la Federación Internacional de Pelota Vasca y prohibirá la participación de sus deportistas en sus competiciones oficiales».
Presidida desde el 18 de enero por Javier Conde, extesorero de la internacional que reemplazó a Javier Gracia, presidente desde 1991, mantiene que su apelación al TAS persigue que este dictamine si el proceder de la Internacional en la asamblea de diciembre se ajustó a lo establecido en sus propias normativas.