Carles Puigdemont ha demostrado de nuevo que el Gobierno de Pedro Sánchez solo saca adelante las iniciativas que él quiere. Fuera de la voluntad del expresidente de la Generalitat y actualmente prófugo de la Justicia española, el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, sencillamente, no existe. Tras el acuerdo de transferencia a Cataluña de las competencias sobre inmigración, ayer llegó el pacto entre el Ejecutivo y los separatistas de Junts para repartir entre las comunidades autónomas los menores extranjeros no acompañados ubicados en Canarias. El acuerdo se plasmará en un real decreto ley, cuya extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86 de la Constitución se debe exclusivamente a la negativa de Sánchez a alcanzar con el PP un acuerdo de Estado para reformar la ley de Extranjería a través de un procedimiento legislativo participativo y público, con informes de las instituciones consultivas y con debate parlamentario. En vez de acudir a esta opción razonable, Sánchez vuelve a pactar un asunto de Estado con un partido minoritario, separatista, con sede política en el extranjero y sin responsabilidad de gobierno. El papel de Salvador Illa, nominal presidente de la Generalitat, es cada día más irrelevante frente a la condición que Sánchez reconoce a Puigdemont como representante de los intereses de Cataluña. El autogobierno catalán es una mera apariencia sometida a los juegos de pactos entre Sánchez y Puigdemont, con Illa limitado a ejecutarlos obedientemente. Este acuerdo sobre el reparto de menores extranjeros puede aliviar la insostenible situación que se vive en Canarias, cuyo presidente, Fernando Clavijo, ha denunciado reiteradamente y con toda razón política y humanitaria. De esto se ha aprovechado Pedro Sánchez para imponer una solución temporal, sin contar con los grandes protagonistas del reparto de menores, que son las comunidades autónomas, las cuales quedan a expensas ahora de determinar a cuántos deben acoger. No hay duda en que las bases de cálculo premiarán a Cataluña. Junts se jactaba ayer de que esta comunidad solo acogería a 20 o 30 de los 4.000 menores hacinados en Canarias, mientras a Madrid podrían llegar 700. Los nacionalistas se escudan en el 'esfuerzo' hecho en los años anteriores con la llegada de inmigrantes, queriendo olvidar el sesgo táctico con el que los gobiernos separatistas premiaban esa inmigración, principalmente de magrebíes, a los que consideraba más asimilables a la catalanidad que los hispanoparlantes de origen iberoamericano. La solidaridad, sin duda, ha de comprometer a todas las administraciones, pero no es un anzuelo para tragar las trampas del tándem Sánchez-Puigdemont. Por lo pronto, habrá que fijar un criterio claro de qué ha de entenderse por menor extranjero no acompañado y evitar que se inflen cifras que distorsionen la realidad, por ejemplo, ampliando la edad de estos 'menores' a 23 años con «prórrogas asistenciales» como las concedidas por la administración catalana. Lo urgente para Sánchez no era aliviar la situación de Canarias, que pudo resolverla el año pasado, sino mantener su veto al PP y jugar con los tiempos en su tira y afloja con Puigdemont. Además, ha encontrado en el acuerdo presupuestario del PP con Vox en Valencia la excusa perfecta para hacerse perdonar por lo suyos este pacto con el nacionalismo xenófobo que tiene el desparpajo de hacer pasar como «un hito para la defensa de los derechos humanos» cuando no es más que la utilización de unos menores como mercancía política.
