El pacto del Gobierno con Junts para el reparto de menores migrantes se selló justo un día después de que el PP de Carlos Mazón y Vox anunciaran un acuerdo para negociar y aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2025, en el que el barón popular asumía las tesis más duras de la formación de Santiago Abascal en esta materia a cambio de oxígeno político. Un nuevo marco que puede alterar los planes de Mazón, que ha afirmado que la Comunidad Valenciana no aceptará más migrantes y buscará fórmulas legales para que los menores no acompañados regresen con sus familias. El presidente autonómico ha recalcado este martes, en un comunicado remitido a los medios, que la región «defenderá sus competencias y no tolerará» un reparto «absolutamente arbitrario», cuyos criterios no se han negociado con las autonomías. Ha criticado, además, la «falta de humanidad» del Gobierno de Sánchez y que «no le importe la situación de hacinamiento que pueden llegar a padecer». Ha solicitado «el fin del mercadeo» con estos jóvenes. Para el Gobierno, ha aseverado, «no son menores a los que proteger, sino mercancía con la que pagar los favores a los independentistas catalanes con un único objetivo político». Pero a la espera de que las comunidades autónomas informen al Ejecutivo de su capacidad de acogida, el decreto aprobado en el Consejo de Ministros puede tener consecuencias en la nueva relación que PP y Vox han iniciado en la Comunidad Valenciana si la Generalitat se ve obligada legalmente a acoger a los casi cinco centenares de menores que la proyección realizada le atribuye a partir de los criterios aprobados. A pesar de que puede ser recurrido en los tribunales, Mazón estaría forzado a acatar el decreto , aceptar migrantes y poner los medios necesarios para acogerlos, pese a lo negociado con los de Abascal. Fuentes del PP valenciano consultadas por ABC consideran que, de darse esta situación, el pacto seguiría en pie , al no haber voluntad por ninguna de las dos partes de romperlo y tratarse de una causa de fuerza mayor. En cualquier caso, el contexto no sería el mismo que el de julio del año pasado, cuando Vox rompió con los populares en los cinco gobiernos autonómicos que compartían -entre ellos, el valenciano- después de que los populares aceptaran acoger a más de 300 menores migrantes no acompañados. Además, el acuerdo suscrito entre ambas formaciones no se basa sólo en este punto concreto. Desde Vox ponen el acento precisamente en otro de los asuntos que permitió cerrar el pacto para empezar a negociar los presupuestos valencianos: la inclusión de una partida para realizar pruebas «fiables» de diagnóstico de edad a los menores inmigrantes. Esto, a juicio de los de Santiago Abascal, permitirá demostrar que muchos de ellos son en realidad mayores de edad, eliminando con ello la obligatoriedad de que sean acogidos. Desde la dirección nacional de Vox inciden en que en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso «se ha negado» a aprobar lo mismo y creen que esto demuestra que acabará asumiendo la acogida de menores si la impone el Gobierno. «Mazón cumplirá» , confían en cambio sobre el presidente de la Comunidad Valenciana. Desde Bambú aseguran así estar tranquilos respecto al futuro del pacto valenciano y confían en que su presidente cumplirá con los compromisos adquiridos, sea cual sea el devenir del decreto aprobado por el Gobierno tras el acuerdo con Junts. Vox no se plantea otro escenario que el pactado con el PP valenciano y escenificado el lunes por Mazón en su comparecencia pública. En ella dijo que la Comunidad Valenciana está por encima de su capacidad de acogida y no tiene por tanto posibilidad de aceptar la llegada de más menores inmigrantes. Esta declaración es la que sigue viva para los de Santiago Abascal. Desde el partido no quieren ponerse en otro escenario en el que la Generalitat tuviera que aceptar a los menores inmigrantes y después, si quisiera, recurrir ante el Tribunal Constitucional . «Ya ha dicho que no tiene ninguna capacidad de acoger», inciden en Bambú. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha defendido que no es cuestión de «cuotas», sino de que no debería permanecer en España ninguna persona que haya entrado de forma ilegal. Los adultos tienen que ser repatriados de forma inmediata, a juicio de Vox; y también los menores no acompañados para volver a reunirse con sus familias. «Las consecuencias las sufren los ciudadanos», ha advertido al Gobierno. «Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia... ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto», ha defendido a primera hora de la mañana Santiago Abascal en redes sociales nada más conocerse el acuerdo.
