¿La “mano dura” garantiza más seguridad?

Pena de muerte y armas para uso personal son las últimas discusiones que abrieron los candidatos presidenciales de derecha atendiendo a la principal preocupación de los chilenos y chilenas: la seguridad, que ocupa los primeros lugares en las encuestas. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 57% de las personas cree que el Gobierno debería dedicar su mayor esfuerzo en solucionar la delincuencia.

Bajo la misma lógica, en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el 87,6% de los ciudadanos estimó que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses. Mientras, es ineludible que la criminalidad ha mutado en nuestro país y es una problemática de la que hay que hacerse cargo.

Por lo mismo, desde el mundo político se ha propuesto un amplio abanico de formas de aplicar “mano dura” o de endurecimiento de respuestas represivas, métodos que en nuestro país están asociados a la derecha, sobre todo en la actual carrera presidencial. Pero, la pregunta del millón es: ¿Es efectiva esta formula para combatir la delincuencia? 

La respuesta simplemente es no. “No hay una evidencia clara entre gobiernos de derecha que aplican mano dura o proponen aplicarla contra la delincuencia y disminución de la criminalidad. Esa relación no se puede afirmar. Basándonos en la experiencia internacional”, explicó Mauro Basaure, director de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello e investigador principal del Núcleo Milenio CIRSPOL.

Sin embargo, según Basaure, esta idea no debería ser desacreditada, porque a las personas estas políticas estrictas sí les hacen sentido. “Por un lado está que no hay evidencia concreta, no se pueda afirmar que la ‘mano duras’ de gobiernos de derecha tengan mejores efectos en la reducción de la criminalidad. Por otro lado, está el hecho de que, efectivamente, las personas creen que eso sí tiene efectos”, destacó.

Lo cierto es que el cómo enfrentar la delincuencia no es una discusión de una sola respuesta, sino de varias. Está la vía de la fuerza, las medidas preventivas, entre otras estrategias. Y lo que priorizan las autoridades de turno depende de qué entienden por seguridad, así lo explicó Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC).

De acuerdo a Mohor, la opinión pública está “coja” en relación a esta materia, pues no conocen alternativas a la fuerza. De hecho, expuso una paradoja: las personas critican la gestión de carabineros, por ejemplo, pero creen que se necesitan más. “Eso no tiene lógica, pero es lo único que hemos aprendido a pensar”, señaló.

Para la experta, más que “mirar a la calle” para acabar con la criminalidad organizada “como todos los sectores transversalmente han declarado, hay que cortar por la puerta de entrada y de salida: corrupción y lavado de dinero, una política pública en serio contra el crimen organizado”. 

A la fórmula anterior, agregó: “Lo demás es trabajo en las poblaciones, garantías de derechos a la salud y a la educación. Un estado social de derechos y estrategias focalizadas de prevención en los sectores, en los grupos y en las poblaciones más vulnerables. ¿Para qué? Para evitar que se inicien o consoliden trayectorias delictuales”.

“La seguridad de las personas hoy es una moneda de cambio, porque compra votos. Lamentablemente es muy difícil llevar estas discusiones a las grandes coberturas, porque no interesan las opciones”, sentenció la experta.

Mauro Basaure también tiene una mirada de mecanismos complementarios para enfrentar la criminalidad. “Yo no soy una persona que cree que lo punitivo no es importante, es igual de importante, pero no puede ser la única receta, tiene que estar acompañado por cuestiones de prevención, sobre todo de la reincidencia”, dijo.

En la misma línea de lo planteado por Mohor, Basaure afirmó que “la derecha tiene un discurso muy asociado al tema securitario y por lo tanto el miedo es un gran aliado. Si toda tu campaña se basa en seguridad o gran parte, entonces el miedo de la población te juega a favor”.

El ejemplo de Bukele

Daniel Soto Muñoz, doctor en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, hace un análisis internacional de la aplicación de la “mano dura”, que no es solo es propia de regímenes de derecha y que se ha extremado. 

“Se han ido transformando. Tienen la particularidad de ser muy populistas, tentadoras, pero en la práctica tienen un alto costo en las restricciones de derechos y tienen poca efectividad en el combate de la criminalidad dura”, explicó. 

Soto respaldó su análisis teniendo a mano el informe presentado por la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que se refiere al auge de autoritarismos de diferentes signos políticos que normalizan las restricciones de libertades fundamentales.

Un ejemplo de “mano dura” extrema ampliamente utilizado es el de El Salvador con Nayib Bukele, que corrió la barra de lo aceptado internacionalmente en materia de respeto a los derechos humanos y las libertades individuales.

En conversación con El Mercurio, el candidato del Partido Repúblicano, José Antonio Kast declaró: “Conozco la realidad de países que estaban destruidos, como El Salvador, por la crisis de seguridad y como un presidente, con un equipo de trabajo, recuperó la seguridad, la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos”. 

Asimismo, en conversación con Radio Infinita, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, manifestó que su candidato presidencial estaría dispuesto a “ser perseguido por organismos internacionales” con tal de “convertir a Chile en el país más seguro de Latinoamérica”. Y afirmó que están dispuestos a restringir libertades con el mismo fin. 

Para Daniel Soto, quien también es abogado especializado en políticas de seguridad, derechos humanos y ética corporativa, existe una creencia errónea sobre la necesidad de restringir derechos para tener un país más seguro.

“No puede existir una mirada contrapuesta entre seguridad y derechos humanos, son dos conceptos que necesariamente van unidos. No puede haber seguridad, por ejemplo, si los funcionarios estatales cometen ilícitos y violan los derechos humanos (…) Podemos afirmar con propiedad, en términos teóricos, que derechos humanos y seguridad van unidos, es una falsa dicotomía el creer que para poder tener seguridad hay que violar o restringir los derechos de las personas, contrariamente, creo que hay mas seguridad cuando se refuerzan los principios democráticos”, sentenció el experto.