La Audiencia de Sevilla se propone acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si las sentencias del Tribunal Constitucional que revocaban parcialmente las condenas en el caso de los ERE vulneran la normativa de Bruselas sobre la lucha contra la corrupción. La iniciativa de los jueces sevillanos va más allá de una cuestión de naturaleza meramente jurídica. Plantea un conflicto jurisdiccional en toda regla con el TC a la vista de unas sentencias en las que los magistrados liderados por Cándido Conde-Pumpido no se limitaron a revisar las condenas a los acusados a la luz de las garantías constitucionales, sino que suplantaron a la Audiencia Provincial y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su competencia exclusiva sobre la legislación penal ordinaria. La coartada de Conde-Pumpido para lo que la Audiencia sevillana considera una «extralimitación en la función de control» no fue más que una artificiosa argumentación sobre el principio de legalidad penal, que resucitó la impunidad de los viejos «actos políticos», impropios de un Estado de derecho. El TC lanzó un órdago y la Audiencia de Sevilla se lo ha devuelto con otro. El mecanismo que se propone utilizar el tribunal andaluz es la cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la doctrina del TC, a la cual debe atender para dictar nuevas sentencias, porque el caso de los ERE no está cerrado. Ha sufrido un retroceso y se enfrenta a nuevos juicios orales. Por esto, de cara a esas futuras sentencias, la Audiencia se propone preguntar al TJUE si es conforme a la normativa europea que un tribunal constitucional suplante a los ordinarios, si las sentencias del TC sobre las leyes presupuestarias vulneran las normas y la jurisprudencia europeas sobre la protección del patrimonio pública y si esas sentencias son contrarias a las exigencias internacionales en la lucha contra la corrupción. Siendo importantes estas dudas, más lo es una cuarta, en la que los jueces sevillanos apelan a una importante doctrina del TJUE -contenida, por ejemplo, en una sentencia de 26 de septiembre de 2024-, que permite a un tribunal ordinario ignorar a su tribunal constitucional cuando este ha resuelto en contra del derecho comunitario. En definitiva, la iniciativa de la Audiencia de Sevilla propone confrontar las sentencias políticas del TC sobre los ERE con el principio de primacía del derecho de la Unión Europea y con la obligación de todos los tribunales nacionales, incluidos los constitucionales, de interpretar su legislación interna, también la Constitución, conforme a esa legislación europea. Esta probable cuestión prejudicial se sumará a la que ya está remitida al TJUE sobre la ley de Amnistía aprobada para perdonar a los líderes del 'procés' de 2017 sus delitos de malversación. Las sentencias del TC son una especie de amnistía disfrazada de resolución jurisdiccional, pero con el mismo objetivo de beneficio político que la mencionada ley. Bajo la presidencia de Conde-Pumpido, el TC ha asumido un papel partidista que distorsiona completamente su encaje en el Estado de derecho. Y el Estado de derecho, cuando es agredido, reacciona; y los jueces, cuando ven agredida su independencia judicial, reaccionan y acuden a los mecanismos legales para defenderla, entre los cuales está el amparo europeo, como hicieron los jueces polacos en su día, porque las pulsiones iliberales de Sánchez y sus colaboradores se parecen mucho a las de los autócratas de Europa oriental. Este es un necesario juicio europeo a Conde-Pumpido.
