Diálogo Hassler – Cariola: los medios otra vez al banquillo
El objetivo de las operaciones jurídico/comunicacionales es “asesinar” la imagen de un personaje público que, en alguna medida, puede amenazar intereses de quienes tienen acceso a hacer uso de ese mecanismo. Las conversaciones divulgadas de Luis Hermosilla con alguno de sus cómplices del poder judicial, así lo confirman. ¿Estamos frente a un nuevo caso de lo que se denomina, en lenguaje anglosajón, lawfare?
La publicación de una conversación privada entre la diputada Karol Cariola y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no sólo es una vulneración que pone, nuevamente, en entredicho la ecuanimidad y transparencia del Ministerio Público, también tensiona la ética periodística que, por ausencia o presencia, está severamente cuestionada por la ciudadanía.
Transversalmente parlamentarios y dirigentes de partidos han criticado “esta nueva filtración”, sin embargo, no les escuchamos propuestas que vayan en dirección de que estos atentados no se repitan. Por otra parte, los medios de comunicación no hacen autocrítica. A lo más, el acontecimiento se presenta como una referencia de contexto y, a reglón seguido, se hace noticia de los pormenores de la conversación privada.
Deliberadamente, se oculta que la falta de ética evidenciada tiene responsabilidades compartidas entre las profesionales que intervinieron en la creación, edición y publicación de la noticia y la empresa que promueve la vulneración de la ética. El periódico no sólo acepta el dispositivo que permite conseguir una información irrelevante para la justicia, sino que, además, pretende presentarla como un “chisme” de interés público.
Un sistema de medios sano, que sirve como contrapeso del poder y apoyo a la ciudadanía, requiere de medios que ejerzan con responsabilidad su derecho a la libertad de expresión y manifiesten con transparencia su línea editorial.
Hacer periodismo en base a trascendidos y filtraciones de diálogos privados socava cualquier intento de convivencia democrática, confunde libre expresión con atentado a la honra y arruina las instituciones que dan al Estado confianza y poder.
Relativizar el “comportamiento ético” de profesionales y empresas dedicadas a las comunicaciones, es pretender obtener impunidad a juicios sesgados, acciones destructivas y atentatorias en contra de la democracia, es defenestrar el rol del periodismo que no tiene sentido si no asume su responsabilidad social.
El periodismo es la búsqueda de la verdad en los temas de interés público, es el cuestionamiento y fiscalización al poder, la promoción del debate de ideas, el compromiso con la ciudadanía y el país.
En Chile hay un código de ética del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, vinculado a la industria de medios escritos, tiene su propio Código de Ética, el Consejo Nacional de Televisión tiene políticas, leyes y normativas que regulan a la industria televisiva, y se suman otros documentos que, si el medio de comunicación de masas se propone desbordar, la ética es una orientación muerta. No hay institución democrática que pueda sancionarlos, pues la sanción ética recae de manera laxa en los tribunales de justicia.
Las nuevas filtraciones de procesos judiciales dejan en evidencia la urgencia de abordar de manera sistémica el ecosistema mediático y en particular el comportamiento ético de los medios de comunicación masiva.
Hace dos años, los integrantes de la mesa “Más amplitud, más voces, más democracia”, pertenecientes a tres universidades públicas, le propusimos al gobierno: “Constituir un comité que elabore de manera transparente y transversal un código de ética para la labor periodística y las condiciones de publicación y/o emisión de la información que emane del trabajo profesional”. A la fecha no tenemos respuesta del informe y tampoco identificamos, desde el poder ejecutivo, iniciativas que colaboren en la mejora de los estándares éticos de los medios.
Sin un sistema de medios descentralizado, plural, transparente, no habrá una democracia sana y robusta en donde podamos decir, sin aspavientos ni ingenuidad: las instituciones funcionan.