De los desaparecidos de Ayotzinapa al Rancho de Exterminio Izaguirre
Seis años de indolencia y una decisión de estado de NO perseguir al crimen organizado se está traduciendo en lo inevitable: Organizaciones criminales han incrementado el control territorial, tienen más capacidad bélica, tienen acceso a más recursos, más control de la economía local y más cercanía con los gobiernos locales y estatales.
¿Qué porcentaje del país está en manos del crimen organizado? No sabemos, pero ante el incremento de asesinatos y desapariciones en los últimos años, además de la estrategia de “abrazos y no balazos”, la Cuarta Transformación está dejando un país en manos de los criminales ¿Injusta o exagerada esta aseveración? No. Simple y llanamente es cuestión de leer y analizar las publicaciones diarias de los medios de comunicación y las redes sociales: Masacres, levantones, desapariciones son las notas diarias. Y es tan vasta y continua la violencia, nos hemos acostumbrados a vivir en un país en guerra.
Por eso es de risa loca, mejor dicho, es absolutamente ofensivo que parte del debate alrededor de los eventos sucedidos en el Rancho en Teuchitlán puede definirse como un campo “rancho” de exterminio o un “simple” campo de adiestramiento para jóvenes que fueron “reclutados” secuestrados por organizaciones criminales.
Y aunque todo indica que fueron asesinados personas en el Rancho Izaguirre porque se encontraron restos óseos, el gobierno argumenta y sus aliados señalan que algunos muertos no se traducen en “un campo de exterminio” … ¿Cuántas asesinatos se requieren en un predio para cambiarlo de centro de capacitación a un campo de exterminio?
El problema fundamental que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum es que ella y su equipo de seguridad intentan esconder y minimizar la crisis de violencia y de desapariciones en el país porque si lo reconocen, tendrían que señalar el fracaso de la estrategia de su antecesor.
Pero a diferencia del sexenio pasado, si no cambia la estrategia de comunicación en crisis de la actual administración, la presidenta tendrá que asumir los costos políticos de defender la estrategia fallida de López Obrador. Y será su administración y el gabinete de seguridad los que enfrentarán el juicio de la historia y posibles investigaciones de negligencia criminal de los tribunales en otros países y la comunidad internacional, si no reconocen la tragedia de violencia que se vive en el país y no se toman los pasos necesarios para proteger la población.
La presidenta negó que el caso del Rancho Izaguirre tendría un impacto similar en su gobierno al que tuvieron los “normalistas desaparecidos de Ayotzinapa” para la presidencia de Enrique Peña Nieto. Aseguró que no será su “talón de Aquiles”. Es importante subrayar que seguramente Peña nunca se imaginó que “una masacre más en el país”, mal manejada por su gabinete de seguridad, acabaría con su capacidad de gobernar. El presidente Peña y su equipo quisieron minimizar la desaparición de los normalistas, buscando que asumieran la responsabilidad política los gobiernos locales y el Gobernador de Guerrero. Se dieron cuenta demasiado tarde del impacto nacional e internacional que tendría este caso. Durante años, no importaba a dónde viajara el presidente Peña, lo perseguían protestas. Mandatarios que viajaban a México ponían sobre la mesa las desapariciones y la violencia en el país, usando como ejemplo la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa.
La presidenta Sheinbaum no puede ignorar estas masacres, no puede o debe de pelearse con las víctimas (en este caso, las madres buscadoras) y no puede asumir que las investigaciones penales a las autoridades locales serán suficientes para darle cobertura política a nivel nacional, aunque los ataques en las redes sociales son devastadores para la presidenta, no puede victimizarse, aunque crea que ella y López Obrador son víctimas de un complot.
Lo que está sucediendo es que, dentro y fuera de México hay una demanda de que el estado mexicano haga algo por detener la violencia, los asesinatos y desapariciones. Se ha degradado la percepción del país, ante la declaratoria de que organizaciones criminales mexicanas son grupos terroristas que habían sido apapachados por el gobierno anterior.
Si le agregamos que, ante la destrucción temporal de la rama judicial, gracias a la reforma judicial y la elección de jueces, además de las presiones de Donald Trump de perseguir a los que trafican fentanilo a los Estados Unidos, seguramente incrementarán la violencia y el control territorial de los ahora “grupos terroristas”.
Ignorar estas tragedias podrían ser el “talón de Aquiles” de la presidenta Sheinbaum y tendrá que asumir los pecados de su antecesor.