Dos inspectoras de la Agencia Tributaria han certificado ante la jueza Inmaculada Iglesias los supuestos gastos ficticios detectados en una investigación fiscal a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y los indicios hallados en relación a la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. La comparecencia tiene lugar después de que el pasado 24 de febrero el novio de la presidenta regional se negara a declarar ante la magistrada . González Amador se acogió a su derecho a no hacerlo por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba pendiente sobre la pieza separada y por el que, una semana después, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigaran otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal. En concreto, la juez ha interrogado este viernes por la mañana a dos inspectoras que elaboraron los informes tributarios que determinaron el presunto fraude fiscal que se atribuye al novio de Ayuso y a otros cuatro investigados. En las comparecencias, que se han prolongado durante varias horas, han ratificado los informes al contestar a las preguntas de todas las partes, según han informado fuentes jurídicas. El informe de la Agencia Tributaria exponía que se detectaron « unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». Durante el interrogatorio, la defensa ha mostrado sus discrepancias «técnicas» y «fácticas» frente al contenido de los informes. Los abogados de González Amador valoran la presentación de un informe pericial para argumentar esas discrepancias . La instrucción se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden supuestamente con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer. En el auto de apertura de diligencias, la juez razonaba que, supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951». Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con « delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal». La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades ». «Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal. Hace ya un año, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito». El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar « un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
