La juez que investiga la gestión de la catastrófica dana ha aludido de nuevo a la «inexplicable ausencia de respuesta» y de «avisos a la población» por parte de la Generalitat Valenciana pese a la «ingente información» de la que disponía -de Aemet, el 112, la Confederación Hidrográfica del Júcar o los medios de comunicación- el pasado 29 de octubre. Lo hace en un auto, fechado el 21 de marzo y consultado por ABC, en el que responde al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quien había solicitado a la magistrada que le aclarara por qué le ha imputado en el procedimiento. Son esos los «indicios» que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja pone otra vez encima de la mesa. Considera que su escrito del 10 de marzo -en el que imputó a Argüeso- «efectuaba un relato de hechos y circunstancias suficientemente claro al objeto de conocer el objeto de la investigación, su relevancia penal y por ello la procedencia de recibir declaración al investigado». Por ello, «carece de sentido» matizarlo. En cualquier caso, le recuerda que puede manifestar su discrepancia recurriéndolo. Señala, además, que el auto es «consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación obrante en la causa», que «sigue avanzando y se suman, no sólo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman» la «imprescindible citación como investigados» de Argüeso y de la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas. El entonces director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias fue cesado del Gobierno autonómico de Carlos Mazón a finales de noviembre, junto a Pradas. Ambos han sido llamados a declarar el próximo 11 de abril . La juez pone el foco en los audios, incorporados a la causa con el permiso de los familiares, de varias llamadas al 112 efectuadas aquella tarde, entre las 17:10 y las 17:51 horas. Comunicaciones que muestran el «padecimiento» de una mujer que vio morir a su marido y a dos de sus hijos en Chiva y «a quien nadie alertó», pues el aviso a los móviles se emitió a las 20.11h. La magistrada las considera importantes porque «confirman que la Administración autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo ante la impotencia» de esta mujer. Hace unos días, el abogado de Emilio Argüeso presentó un escrito en el juzgado en el que aseguraba que «el 112 no envió comunicación alguna al Cecopi» sobre las 19.821 llamadas que recibió aquella fatídica jornada. No lo hizo, apuntaba, «pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte» de esa reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado. Reclamaba así que se pusiera el foco en esa falta comunicaciones entre dos organismos ubicados en el mismo edificio de l'Eliana. Al mismo tiempo, se mostraba en contra de que se incorporaran esas llamadas a la causa. La magistrada rechazó incluirlas todas, pero abrió la puerta a hacerlo con el consentimiento individual de cada uno de los afectados. Respecto al auto de imputación, la defensa de Argüeso también había reclamado que se pormenorizara «la totalidad de víctimas y sus circunstancias, aunque fuere de forma somera, con expresión del lugar y momento, donde se levantó el cadáver de cada una de ellas». Al respecto, la instructora afirma que el letrado tiene acceso al procedimiento y apunta que, hasta el momento, «no se ha podido recibir declaración a todos y cada uno de los familiares de los fallecidos». En ese sentido, en cuanto a nuevas víctimas incorporadas, cita la muerte en Paiporta de un matrimonio . Tanto el hombre como la mujer fallecieron en el trastero-garaje de su vivienda, «quedando encerrados y sin escapatoria, mientras sus dos hijos menores se encontraban en el domicilio». Por su parte, ante esa queja por la falta de acceso a la documentación, la Letrada de la Administración de Justicia de Catarroja ha extendido una diligencia en la que hace constar que los autos y las piezas de fallecidos y desaparecidos se encuentran a disposición de las defensas en la Secretaría del mismo juzgado.
