Investigación al hermano de Sánchez: la doctrina de la "recogida de arrastre" complica su horizonte procesal
El aval de la Audiencia Provincial de Badajoz a la investigación de la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero por parte de la Diputación de Badajoz como estrecho colaborador de David Sánchez complica el horizonte procesal del hermano del presidente del Gobierno. Su defensa ha intentado en todo momento atajar esa línea de la investigación, en la que la juez Beatriz Biedma advierte un indicio sólido de que su puesto de alta dirección como coordinador de conservatorios no solo se creó de forma irregular, sino que se adaptó a sus "preferencias personales" (rodeándole de una persona de su máxima confianza que se dirigía a él como "hermanito" y que incluso le redactaba textos que él firmaba y le desbrozaba la tramitación de ayudas públicas mientras seguía como asesor en Presidencia del Gobierno).
Pero el hermano del jefe del Ejecutivo se queja de que ha sido a raíz del análisis de sus correos, intervenidos por orden judicial para intentar esclarecer su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017, cuando la investigación se ha ampliado al exasesor de Moncloa, fruto del examen de los mensajes intercambiados entre ambos.
Para la defensa de David Sánchez, la actuación de Biedma es prospectiva en la medida en que el objeto de la incautación de esos correos no apuntaba en esa dirección, por lo que se quejó de que ese "estrambote procesal" vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Los últimos autos de la Audiencia Provincial de Badajoz echan por tierra esa argumentación, respaldando de nuevo a la juez Biedma. Y lo hacen esgrimiendo la doctrina de la "recogida de arrastre" respecto "hallazgos o descubrimientos casuales" ajenos al objeto del procedimiento. En este caso, la supuesta contratación irregular de Luis Carrero, que según evidencian los correos ya colaboraba estrechamente con Sánchez en sus proyectos operísticos mientras seguía siendo asesor de Moncloa, puesto de confianza que dejó en diciembre de 2023.
No quiebra derechos fundamentales
La doctrina de la "recogida de arrastre" -argumenta la Sala- para validar las pesquisas sobre el exasesor de Moncloa que se dirigía al hermano de Pedro Sánchez como "hermanito", "permite esa afectación a comunicaciones de terceras personas con los inicialmente investigados, sin que por ello se quebrante derecho fundamental alguno".
La Audiencia Provincial de Madrid ya determinó en septiembre de 2019 -y así lo recuerda el último auto de la Audiencia de Badajoz- que "siempre que se acuerda una intervención telefónica se produce una recogida "de arrastre" de todas las conversaciones mantenidas a través del teléfono intervenido". Lo que inevitablemente acarrea, añadía, "captar conversaciones ajenas al objeto de la investigación criminal que justificó la autorización judicial" de las intervenciones. Pero eso no implica, dejaba claro la Audiencia madrileña, una violación del derecho a la intimidad de esas terceras personas ajenas al objeto de la causa.
En este caso, la Sala defiende en todo caso que no se trata de un descubrimiento "casual" (de no tratarse de delitos conexos la juez se habría visto obligada a abrir pieza separada o a deducir testimonio a otro juzgado). Se trata, tal y como defiende Biedma, de la misma investigación sobre "la creación y modificación y nomenclatura del puesto de trabajo" de David Sánchez "adaptándolo a sus necesidades bajo apariencia de legalidad".
Y en particular, esos correos que la defensa del hermano de Pedro Sánchez pretende expulsar del procedimiento apuntalan la tesis de la instructora de que "existirían relaciones con el investigado incluso anteriores a que aparecieran sus puestos en el organigrama de la Diputación" (Luis Carrero no se incorporó a su puesto de jefe de Sección, Coordinación y programas de Actividades Transfronterizas hasta enero del pasado año).
Para la Sala, en definitiva, el contorno de la investigación no puede limitarse a la creación de la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas (que asumió David Sánchez en octubre de 2022 sin mediar concurso alguno, según la Diputación porque sus funciones no cambiaron) "olvidando sus proyectos y desarrollo".
Doctrina del Supremo sobre el "hallazgo casual"
El propio Tribunal Supremo ha dejado claro al respecto que ""el hallazgo casual, es decir, el elemento probatorio novedoso que no está inicialmente abarcado" por el objeto de las intervenciones telefónica o de correspondencia "puede ser utilizado en el propio o distinto procedimiento, bien por tratarse de un delito flagrante o bien por razones de conexidad procesal". Siempre que el instructor acuerde continuar con la investigación (Biedma ya ha citado a declarar como imputado a Carrero el próximo 25 de abril por tráfico de influencias y prevaricación) "para el esclarecimiento de ese nuevo delito" considerando la medida idónea y proporcional.
El alto tribunal ha avalado por tanto la capacidad del instructor de ampliar el objeto del procedimiento "cuando en el curso de un registro domiciliario aparecen evidencias de otros ilícitos, o cuando las intervenciones telefónicas pueden arrojar datos sustanciosos acerca de la participación de los comunicantes en hechos no inicialmente investigados por esa vía". Se trata, precisa el Supremo, de "aquellos descubrimientos casuales que pueden aportar luz para el esclarecimiento de los hechos de carácter novedoso (puesto que permanecían ocultos), y que han de ser investigados".
En su recurso de apelación, la defensa de David Sánchez esgrimía que justificar la ampliación de la investigación en la intención de esclarecer "la adaptación" del puesto de trabajo de David Sánchez a sus "preferencias personales" es un "estrambote procesal". Y hacía hincapié en que varios testigos "validaron la ortodoxia administrativa de la plaza" adjudicada a Carrero en comisión de servicios.
Carrero fue asesor de Moncloa durante tres años y medio antes de incorporarse a la Diputación de Badajoz en enero de 2024. Según la respuesta de Moncloa a la juez, ejerció ese puesto de confianza desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023 en la "Unidad de Mensaje" del Departamento de Análisis y Estudios de Presidencia del Gobierno.