Extorsión y Politización, por Marisa Glave
Solo entre enero y febrero del 2025 se registraron 3921 denuncias por extorsión a nivel nacional (La República). Por lo menos más del 50%, sólo en la capital, reciben una amenaza de extorsión, sin contar a quienes no llegan a denunciar por temor. Esto es insostenible, socialmente y económicamente.
La Asociación de Bodegueros reveló que por lo menos 2,600 bodegas tuvieron que cerrar sólo en Lima por miedo a las extorsiones. Empresas de transportistas denunciaron – incluso llamaron a paros y manifestaciones nacionales – que la extorsión había cobrado la vida de varios choferes y cobradores. En La Libertad, este año, un bus de la empresa “El Dorado” fue incendiado con pasajeros dentro y esta semana otro bus fue abaleado en la ciudad de Trujillo.
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú ha denunciado el avance de la extorsión en obras y el riesgo para sus dirigentes. Sólo en lo que va del 2025, dos dirigentes han sido asesinados en Piura, José Antonio Otero y Luis Arturo Juárez. La Federación ha encabezado las principales protestas el 2024 contra la inseguridad y exigido la renuncia del ministro Santivañez.
El jueves de esta semana, un día después del Estado de Emergencia decretado por la señora Boluarte en Lima y Callao tras el asesinato de Paul Flores, un colegio en Ventanilla sufrió un atentado siniestro. Extorsionadores lanzaron dinamita al colegio y se tuvieron que suspender las clases. Sí, los colegios también están extorsionados.
El jueves, Santivañez pasó la mañana en el Congreso, tratando de convencer a sus socios de su permanencia en el cargo. Negociaciones a puerta cerrada lo mostraban. Son sus socios y los han mantenido en el poder, a él y a Boluarte, pese a lo grave de la situación de inseguridad que vive el país, pero ayer quedó claro que no se quemarán del todo por ellos. Frente al masivo rechazo ciudadano por la incapacidad del gobierno, rechazo activado tras la muerte de un personaje querido popularmente, el bloque se agrieta y están dispuestos a cortar cabezas para intentar desmarcarse.
La censura y su politización
En octubre del año pasado se lograron con las justas 20 firmas para llevar adelante una interpelación al ministro Santivañez, la moción fue promovida por Susel Paredes y Ruth Luque y desde enero de este año la congresista Paredes buscó las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro. Le faltaba una firma hasta que la violenta muerte de Paul Flores removió a la clase política nacional y no sólo esa moción logró las firmas necesarias, sino que dos nuevas mociones fueron presentadas. Ayer, con 78 votos a favor, finalmente la censura procedió.
Lo terrible de este comportamiento es que sólo en enero se registraron 197 homicidios (La República), más de 6 por día, pero son muertes que no pesan para quienes toman decisiones, para quienes hoy manejan el poder político en el ejecutivo y en el parlamento. La realidad de crímenes violentos, muchos vinculados a la extorsión que es pan de cada día de cualquier emprendimiento en las principales ciudades, pretendía ser tapada con discursos altisonantes y el juego del chivo expiatorio: los caviares.
La señora Boluarte, principal responsable de la situación de inseguridad e incremento de la criminalidad en el país, salió a defender a su abogado de facto, Santivañez, lanzando la cantaleta de “atrás de esto están los caviares” para buscar así rearticular al pacto de gobierno que hasta hoy la sostiene y para desalentar a la ciudadanía que anunciaba salir a nivel nacional a marchar contra su gestión.
Seguida por el coro de ex almirantes que tenemos en el Congreso que, sinceramente sin ningún argumento lógico más allá del dogmatismo en el que suelen caer, aseguran que la criminalidad está siendo promovida por los “caviares” que quieren volver al ministerio del interior. Antes exigían que las manifestaciones no fueran apoyadas por la ciudadanía porque atrás estaban los “terroristas”, hoy los malos de su relato son los “caviares”. El tema de fondo es el mismo: invisibilizar la real razón de indignación.
Esta estrategia tuvo efecto momentáneo en algunos de los convocantes a la manifestación del día de ayer. Preocupados por la “politización” de la marcha dudaron en participar, aunque finalmente confirmaron su presencia. Esta manera de actuar, de Boluarte y su coro es de manual fujimontesinista de antaño. Habría que releer a Carlos Iván Degregori, en la década de la antipolítica y ver cómo el uso de este dispositivo funcionó justamente para la desmovilización ciudadana y la reducción de la oposición al régimen. Decir que hay politización detrás de un malestar real que llama a la acción colectiva busca inmovilizar y alejar a la ciudadanía. Nada más cargado de intencionalidad política que el discurso en contra de la “politización”.
Pero los datos son tan contundentes y la realidad tan dolorosa que ni el chivo expiatorio que ha logrado aglutinar al Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progeso y Perú Libre, ha sido suficiente para frenar la censura. La cercanía de las elecciones pesa, el campanazo del inicio de la carrera electoral está a la vuelta de la esquina y nadie quiere cargar con la mochila de Boluarte y el resultado de su gestión.
Los datos no mienten
Según datos de SINADEF el incremento en el número de homicidios es alarmante. Hemos pasado de 1,426 personas asesinadas el 2023 a 2,057 el 2024 (Basombrío). Estamos hablando de más de 600 asesinatos adicionales en un año. Este es el resultado del gobierno de Boluarte, preocupado en mantener las lógicas de impunidad y en salvar a la mandataria de los procesos que tiene en curso.
Es el resultado de su gobierno con el aval cómplice del bloque de poder instalado en el Congreso. No olvídelos a quienes la han sostenido hasta ahora, son socios y deben responder en conjunto.