Las informaciones publicadas esta semana por ABC demuestran lo necesaria que resulta una nueva legislación en favor de una mayor vigilancia de prácticas abusivas de las que han podido ser objeto los doce millones de pacientes que confían en la sanidad privada en nuestro país. Los partidos políticos deben emprender el estudio de un cambio regulatorio que suponga la protección del paciente oncológico, del propio oncólogo y garantice que la información fluya de manera transparente y honesta. No deberían suceder casos como los denunciados por los doctores en las páginas de este periódico en los que una empresa intermediaria que gestiona servicios oncológicos de las aseguradoras presionaba a los médicos y entorpecía la administración de tratamientos mejores, y que todo esto sucediera sin que el interesado conociera las maniobras de las que dependía su salud, si no su propia vida. El poder legislativo debe responder a esta necesidad con decisión y garantizar unos cauces informativos íntegros y un contexto en el que el médico no esté sujeto a más presiones ni otro interés que el de la curación de su paciente con las mejores garantías y la mayor efectividad. ABC no solo defiende a los pacientes, sino también a los facultativos que tienen reconocida la libre prescripción de tratamientos y una autoridad que debe ser protegida por el bien del colectivo profesional y el de los propios enfermos a los que tratan. Es significativo el silencio de las partes afectadas que incide en el deterioro de la imagen del modelo privado y del sector que, o bien conocía y ocultaba los hechos, o falló en su labor de vigilancia. ABC solicitó el lunes por la tarde una entrevista a la CEO de Atrys, la empresa intermediaria competente de los casos que se denuncian y declinó hacer declaraciones. Tampoco dieron su versión de los hechos las compañías aseguradoras que contratan a Atrys que han renunciado a hacer críticas sobre las prácticas de Atrys, ni tampoco reflexiones a futuro. Después de conocerse que la Sociedad Española de Oncología abriría una investigación sobre estas prácticas por su «máxima relevancia para el paciente», la compañía Atrys emitió un comunicado en el que negaba mala praxis y aseguraba que su labor buscaba la «sostenibilidad» del sistema. El sector ha preferido callar y utilizar en su defensa un silencio que resulta difícil de entender. La labor de ABC en la gestión de la exclusiva y las informaciones posteriores responden a un interés en la vigilancia de la sanidad privada en los mismos términos en los que se ejerce sobre la pública. La sanidad pública es sometida a un constante escrutinio por parte de los medios de comunicación que denuncian fallos y contingencias en un ejercicio periodístico del que el modelo privado no puede pretender no ser objeto. ABC siempre ha defendido la colaboración público-privada como vía para una mejor atención sanitaria en España y reconoce el valor del sector privado ante los ataques ideológicos e injustificados que recibe por parte de sus enemigos, muchos de ellos en el Gobierno. Desde los partidarios de un modelo en el que la sanidad privada no existe o es residual se suele calificar la publicación de cualquier escándalo sobre el funcionamiento de lo público como un ataque a este, un vicio injustificado en el que no debería incurrir ahora el sector privado. Una manera de defender la sanidad privada es vigilar, detectar, investigar y publicar las prácticas abusivas que comprometen los estándares de calidad de sus servicios y los derechos de sus pacientes. Esas son las brechas que amenazan el sistema y no el ejercicio del periodismo comprometido con la información, por mucho que el sector se sienta tentado, como les ocurre a otros ámbitos que son objeto de investigación, de matar al mensajero. El presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS, Juan Abarca, ha escrito en Linkedin un artículo con el título 'Cargarse la sanidad privada', a propósito de la cobertura de ABC. Aunque expresamente rehúye defender a los aludidos por esta mala praxis, se queja de otras informaciones colaterales o de que se dé voz a ciertos profesionales. Ni en la sanidad pública ni en la privada los conflictos deben ser silenciados, ni se debe dar paso a la censura bajo la excusa interesada de que se atenta contra el sistema. El sector privado debe ser tratado de igual manera que el público ante asuntos donde se discuten los derechos de los pacientes y asegurados y el acceso a la información relativa a sus casos. Abarca, como cualquier otro referente del sector, está invitado a discutir públicamente con los periodistas de ABC los términos de esta investigación.
