Los interinos relanzan en Bruselas la ofensiva contra la temporalidad y reclaman indemnizaciones a la justicia

En Bruselas no son ajenos al problema de los interinos. En los últimos años, la Comisión Europea ha abierto varios expedientes a España por el abuso de la temporalidad en el sector público así como por la discriminación de esos trabajadores en asuntos como los permisos y las vacaciones frente a los funcionarios. La gran victoria llegó de la mano del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sendas sentencias que pusieron coto al abuso de los interinos. Pero la batalla continúa y, a pesar de algunos pasos que se han dado en los últimos tiempos para la regularización de los interinos, representantes de CGT la han elevado a Bruselas para que “actúe” contra España.

“Le pedimos a la Comisión la ejecución directa”, señala la secretaria general de la federación de administraciones públicas de CGT (FETAP), Arantza Alfaro, que exige que “cese la temporalidad”. La queja que tienen los representantes de ese sindicato es que la Comisión Europea no haya adoptado medidas concretas contra España, a pesar de los incumplimientos de la directiva que regula las condiciones de empleo público. Lo que ha lanzado Bruselas son expedientes de infracción, pero no ha llegado a elevar el asunto a la justicia europea.

“Necesitamos que actúen ya, si hace falta poner las multas, que las pongan hoy, no mañana”, agrega Alfaro, que recuerda que cuando ha pasado “con temas importantes” o “en otros países” se ha actuado. “Se puede hacer. No podemos seguir esperando”, ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la Comisión Europea: “Que no entren más personas de forma temporal sin tener ninguna consecuencia”.

Un ejemplo que ponen en CGT es la premura con la que se actuó en el caso de la directiva europea de protección de datos para las administraciones públicas que se adoptó en 2016 con un periodo de transposición de dos años. En ese caso, Bruselas elevó la infracción de España al TJUE, que en 2021 impuso una multa de 15 millones de euros y 89.000 euros por cada día de incumplimiento.

El gabinete de la comisaria de Derechos Sociales y Empleo, Roxana Minzatu, les ha trasladado que las conversaciones sobre los interinos, incluido el resarcimiento a las personas por su situación de abuso, están muy avanzadas, según fuentes del sindicato.

“Ya no estamos en el momento de pedir explicaciones al Estado español, sino a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de febrero del año pasado, vamos a pedir explicaciones a la Comisión Europea y pedir responsabilidades a del Tribunal General, a la Unión Europea, por los daños y perjuicios”, señala el abogado Josep Jover, que presentará cuatro demandas ante el Tribunal General de la UE (TGUE) para que la Unión Europea resarza el daño patrimonial que han sufrido trabajadores interinos de larga duración. Uno de los casos que cita es el de una interina de la bolsa de trabajo de educación que reclamará 65.000 euros

“Si lleva más de un cuarto de siglo aplicarse una directiva, algo de responsabilidad tendrá que tener la Unión Europea”, dice Jover, que considera que la Comisión Europea debería “espabilar” con la presión a España y si no deberá “indemnizar por los daños que ha producido”.

Lo que consideran es que se puede interpretar el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la UE para reclamar indemnizaciones a la UE por la dejación de funciones en la vigilancia del cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contratación en el sector público. “En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros”, señala ese apartado.

“Es importante que tengamos claro que se han abierto puertas, ha habido regularizaciones, pero también con nosotros han utilizado lo que yo llamo la teoría del fuet, es decir, van cortando trozos hasta que no haya presión. La sorpresa por parte de ellos es que la presión no ha cedido, ni cederá, porque hay gente que lo está pasando muy mal y hay gente que no tiene nada más que perder, que es su vida, su familia y su sustento”, dice Jover.

La tercera pata de la batalla la librarán con una demanda colectiva de unas 500 personas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, cuyo posicionamiento no es vinculante, pero según señala la secretaria general de FETAP “hace muchísima presión”. “Ha habido momentos que nos hemos cansado, nos hemos caído, nos hemos ido cayendo todos, pero nos hemos levantado y esto es lo que queremos que sepan y que vamos a seguir presionando”, zanja Alfaro.