Sin techo a los 74 y con discapacidad: la angustia de Agustín Vicente en espera de una plaza en la Casa Amparo de Zaragoza

Hasta hace apenas una semana, Agustín Vicente, zaragozano de 74 años, vivía en la constante angustia de no saber dónde iba a dormir el mes siguiente. Con una pensión no contributiva de 560 euros al mes, permitirse una vivienda es prácticamente imposible. A eso hay que sumarle una discapacidad visual del 85% y varias lesiones por las que ha sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones. La última, el pasado verano después de una severa caída que agravó su situación de vulnerabilidad y le impidió subir las cuatro plantas de un bloque de pisos sin ascensor para acceder a la habitación que alquilaba por un módico precio.

Desde aquella caída su día a día se volvió más difícil, entre hostales y pensiones mientras esperaba una respuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para acceder a una residencia pública que sí podría costearse. “Me conformaría con una habitación. He vivido siete años en la calle Lapuyade número 14, donde alquilaba un espacio a un matrimonio. Pero me operaron y ya no podía subir las escaleras. Me tuve que ir”, relata Vicente desde la residencia Lontananza, situada en el Camiono de Pinseque, a las afueras de Zaragoza. Está de forma temporal con una subvención de los Servicios Sociales municipales. Sin embargo, su estancia está pautada por solo cuatro meses: “El único ánimo que me queda es el de encontrar un sitio donde estar, es muy duro no saber qué va a pasar conmigo”.

En el mencionado centro privado le han asegurado a Agustín que costearán la factura hasta que sea necesario. Él mismo muestra su “agradecimiento” y reconoce que la atención ahí es buena, pero insiste en ir a la Casa de Amparo, situada en su “barrio”.

El IASS tiene a su disposición 10 residencias propias para personas mayores y cuenta con otras 102 bajo un acuerdo marco. También cuenta con algunas plazas concertadas en la propia Casa Amparo, que es un recurso de titularidad y gestión municipal. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza afirman que para recibir una plaza en esta instalación “no hay una lista de espera como tal. Cada situación es valorada por las trabajadoras sociales municipales de manera personalizada, atendiendo a los requisitos que establece la ordenanza municipal (de renta y de soledad) y, a partir de ahí, se da respuesta en función de las necesidades de cada persona”.

Lejos de lo que se pueda pensar, Vicente ha trabajado toda su vida. Desde comercial de máquinas de coser Alfa y Sigma hasta montador de persianas y puertas metálicas para establecimientos. No obstante, muchos de esos trabajos los hacía a comisión, de modo que no cotizó lo suficiente para una pensión contributiva. “Cuando quise darme cuenta me había hecho mayor y empecé a tener problemas de visión, no pude hacer nada y con los años que había cotizados no llegaba. Hacia lo que podía, empecé a hacer lo que pude como ir a vender al rastro los domingos”, cuenta.

Pese a todo, Vicente ha conseguido cultivar buenas amistades en el camino. Una de ellas es la de Agustín Borja, trabajador social de la Asociación Promoción Gitana (APGZ) que ha seguido su caso desde el primer momento. “Vicente ha estado en dos residencias distintas de las que se ha tenido que marchar por falta de recursos para pagar la mensualidad. Lo hemos tenido que sacar de la calle en dos ocasiones y le hemos ayudado a buscar pensiones y hostales donde pasar la noche. Aunque no es gitano, APGZ se ha volcado con él. Tiene derecho a una plaza en LA Casa Amparo, pero la burocracia es muy lenta y nos responden que están completos y debemos esperar a que se libere una habitación”, informa Borja. Siente que “las instituciones se han deshumanizado” y que no hay que olvidar que “detrás de los números hay personas”.

Con el apoyo de APGZ se han gestionado los procesos de solicitud del reconocimiento de discapacidad de grado II de Vicente y su correspondiente pensión. Este apoyo económico ha sido fundamental para llegar a un acuerdo con la residencia donde se encuentra y de la que debía irse a finales de marzo: ahora podrá permanecer allí hasta que le llamen para ocupar una plaza definitiva donde pueda estar estable y recibir los cuidados que necesita.

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de grado de dependencia en Aragón es de 140 días, mientras que desde la resolución de grado hasta la resolución de prestación es de 38 días de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). A nivel nacional hay 186.958 personas en lista de espera entre las que se encuentran solicitudes dependientes de resolución de grado de dependencia, beneficiarios sin prestación y beneficiarios con prestación no efectiva , todos con más de seis meses y sin motivo. De estas, 816 pertenecen a Aragón.

Durante su intervención en una sesión plenaria, la consejera de Bienestar Social y Familia Carmen Susín defendió que Aragón es la tercera comunidad autónoma con menos tiempo de espera para una residencia, 182 días: “Estamos ya muy cerca de cumplir con los seis meses que marca la ley”. Además, resaltó el aumento de la inversión en la dependencia durante la gestión de 2024 que supera por primera vez los 310 millones de euros.

En cuanto a la lista de espera para una residencia, Susín afirmó que “hoy están todas las plazas públicas ocupadas, a excepción de las 114 afectadas por las obras de las unidades de convivencia, y prácticamente todas las plazas del acuerdo-marco, a excepción de las reservas para convalecencias”.