Corte Suprema de Brasil decide llevar a juicio a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
La Corte Suprema de Brasil decidió este miércoles llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. Según la Fiscalía, el líder ultraderechista encabezó una organización criminal que buscó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota electoral en 2022, con acciones que habrían incluido desde decretos inconstitucionales hasta planes de asesinato.
Aprobado por unanimidad por los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal, el proceso expone al exmandatario a una pena de hasta 40 años de prisión. Aunque Bolsonaro está políticamente inhabilitado hasta 2030, insiste en que es inocente y se considera víctima de una persecución judicial, mientras mantiene su aspiración de volver a la presidencia en 2026.
Las acusaciones contra Bolsonaro: intento de golpe y plan de asesinato
La Fiscalía brasileña imputó a Jair Bolsonaro en febrero de este año por liderar una organización criminal con fines antidemocráticos. El núcleo del caso se centra en la conspiración que habría buscado impedir el traspaso de poder al actual presidente Lula, poco después de que este ganara los comicios de 2022. Según los investigadores, el plan incluía medidas extremas, como la publicación de un decreto que declararía un “estado de defensa” sin justificación legal.
Lo más alarmante, según las autoridades judiciales, es que el complot también contemplaba el asesinato del presidente Lula y del juez Alexandre de Moraes. Ambos fueron señalados como obstáculos por el círculo más cercano del exmandatario. La propuesta golpista, sin embargo, fracasó debido a la falta de apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con las pruebas presentadas, Bolsonaro también habría impulsado una campaña sistemática de desinformación contra las urnas electrónicas, buscando deslegitimar el resultado electoral.
Los exministros y militares implicados
Además del exmandatario, la Corte Suprema decidió procesar a otros siete altos funcionarios de su administración. Entre los implicados figuran los exministros Walter Braga Netto, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa; y Anderson Torres, exministro de Justicia. También será juzgado el excomandante de la Marina, junto con otros colaboradores cercanos.
Las imágenes proyectadas durante la audiencia del STF mostraron a miles de simpatizantes bolsonaristas asaltando las sedes del Congreso, la Corte y el Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023. Los disturbios, ocurridos apenas una semana después de la toma de posesión de Lula, reforzaron las sospechas sobre un intento coordinado de desestabilización institucional.
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¿Qué le espera a Bolsonaro si es declarado culpable?
Jair Bolsonaro, de 70 años, se enfrenta a cinco cargos, entre ellos el intento de abolir por medios violentos el Estado de derecho y la conspiración para un golpe de Estado. Si el Supremo Tribunal Federal lo declara culpable, podría recibir una condena que superaría los 20 años de prisión, según un informe de AFP. Algunos analistas incluso estiman una posible pena de hasta 40 años, dadas la gravedad y multiplicidad de los delitos imputados.
Pese a su inhabilitación política hasta 2030 por cuestionar sin pruebas la legitimidad del sistema electoral, Bolsonaro no ha renunciado a su aspiración de volver al poder. En recientes declaraciones, aseguró que mantiene viva su candidatura y comparó su situación con la del expresidente estadounidense Donald Trump, al tiempo que expresó su esperanza de que el gobierno de Estados Unidos ejerza alguna influencia a su favor.
Aunque el juicio aún no tiene fecha exacta, se espera que el proceso avance este año, con el objetivo de no interferir en las elecciones municipales de 2026. La defensa del exmandatario alega que no existen pruebas en su contra y acusa a jueces como Alexandre de Moraes y Cristiano Zanin —ambos vinculados previamente a Lula— de actuar por motivos personales. Aun así, la votación en la Corte fue unánime y dejó claro que la institucionalidad brasileña se mantiene firme ante cualquier intento de ruptura democrática.