Empresas distribuidoras bajo escrutinio: comisión investigadora publica informe sobre cortes de luz y agua en 2023 y 2024
Este miércoles, diputados y diputadas votaron las conclusiones finales de la Comisión Investigadora sobre cortes de luz y agua ocurridos los años 2023 y 2024, en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bíobio y La Araucanía.
Lo anterior, ad portas de una votación que tendrá lugar esta tarde en la Sala de la Cámara y en la que se espera, se apruebe otra comisión investigadora, dedicada al apagón del 25 de febrero de 2025.
Los parlamentarios detectaron problemas en la coordinación entre empresas transmisoras y distribuidoras con el Senapred; problemas en la entrega de información por parte de las empresas de distribución eléctrica a sus usuarios; además de largos tiempos de reposición del servicio que en 2024 alcanzaron las 27 horas promedio.
Por ello, realizaron observaciones tanto a los entes estatales involucrados -la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y el Coordinador Nacional Eléctrico- como a las empresas privadas, a quienes se les cuestiona por su lenta respuesta.
En el informe, existe un apartado específico sobre el rol que jugaron la Compañía General de Electricidad (CGE) y la Empresa Nacional de Electricidad (Enel), cuyos representantes, además, no asistieron a la comisión pese a ser invitados.
Al concluir esta sesión final de la Comisión Investigadora, el presidente de la instancia, Jaime Mulet, destacó que “haber investigado con claridad los hechos acontecidos el año 2024, 2023, apagones que sufrieron gran parte del país, gran parte de la ciudadanía producto de ineficiencias que han quedado claras de empresas distribuidoras, ha sido muy relevante”.
“Tenemos conclusiones claras respecto de las responsabilidades y propuestas también para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir””, complementó.
Por su parte, el diputado de la UDI, Fernando Bórquez, hizo hincapié en una posible reforma al sistema de la “empresa modelo”, el cual se utiliza desde 1989 y está ligado a la regulación de los precios.
“Se han detectado una serie de falencias en cuanto al modelo de empresa que exige la regulación, pero donde la realidad nos dice otra cosa, por lo que se hace urgente presentar un proyecto de ley que modernice la forma de regular el mercado eléctrico y de los servicios sanitarios, considerando las actuales y futuras necesidades de los usuarios, la seguridad nacional y proteger la libre competencia”, enfatizó.