Las comunidades del PP exigen a Sánchez un registro de afectados por la inquiokupación
Las comunidades del PP harán frente común para resolver los problemas que genera la okupación y es por eso que exigirán al Gobierno central un registro de Afectados por la inquiokupación, según la propuesta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la problemática de la Vivienda tiene prioridad absoluta en esta legislatura.
Y ante la falta de soluciones por parte del Gobierno, la oposición prepara su alternativa. Así se verá este fin de semana en la XXVII Interparlamentaria del PP en Sevilla, donde los populares se comprometerán también a presentar proposiciones no de ley en los parlamentos autonómicos para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cree el citado registro. En el ámbito parlamentario, el Grupo Popular presentará también una iniciativa en el Congreso de los Diputados. Desde el PP se culpa al presidente del Gobierno del incremento de la okupación en España por sus «políticas de tolerancia» y es por ello que exigen «soluciones inmediatas».
Esta base de datos que propone el PP permitirá catalogar los perfiles de los inquiokupas y de los inmuebles más susceptibles de ser okupados. El objetivo es diseñar medidas que puedan evitar conductas delictivas, según explican en el PP. Además, este registro posibilitaría cartografiar las zonas donde se concreta la inquiokupación y averiguar si se produce solo en grandes ciudades o afecta también a zonas rurales. Esta medida, según los populares, servirá para paliar las consecuencias de la ley de Vivienda, que, a su juicio, «da más derechos a los okupas que a los propietarios».
Además, los propietarios víctimas de inquiokupación que se inscriban en el registro podrán acceder a atención jurídica especializada y personalizada para resolver su situación. Desde el partido se asegura que esta herramienta será «fundamental» para que los Servicios Sociales puedan evaluar los informes de vulnerabilidad alegados por quienes no pagan el alquiler y así poder descubrir los casos fraudulentos.
El PP pide además la rebaja del umbral de vulnerabilidad de los 1.800 euros que marca ahora la norma a 1.050 euros. El objetivo es «evitar la banalización de la vulnerabilidad», tal y como figura en la proposición de ley de Vivienda aprobada en el Senado.
El PP refuerza así su hoja de ruta destinada a perseguir la okupación. Pues esta medida se une, entre otras, a la puesta en marcha de un servicio de atención a las víctimas de okupación. Y es que, según datos del Partido Popular, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, las okupaciones han pasado de 12.000 a 17.000 cada año. Hay 80.000 viviendas en España y hasta 25.000 sufren inquiokupación. Además, siete de cada diez desahucios se explican por situaciones de impago de alquiler.
El PP busca así presionar para que el Gobierno desbloquee su ley Antiokupación, aprobada hace más de un año por la mayoría del Senado y que, de aprobarse, supondría que los desalojos sean efectivos en 24 horas.