Ana María Gazmuri: “Las acciones llevadas adelante por el fiscal Cooper comprometen al Ministerio Público”
Esta semana, diputados oficialistas solicitaron la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, persecutor encargado de las causas Sierra Bella y el presunto tráfico de influencias cometido por la ex presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Acción Humanista y una de las firmantes de la petición, Ana María Gazmuri, señaló “que las acciones llevadas adelante por el fiscal Cooper han sido de la máxima gravedad y comprometen, de alguna manera, al Ministerio Público”.
“Aquí lo que hemos visto es una negligencia manifiesta por omisión en el cumplimiento de estándares jurídicos mínimos por parte del fiscal Cooper en el caso de la diputada Cariola y hemos visto el traspaso de un límite que abre una puerta que si no ponemos atención a ello, la verdad es que nos lleva por muy mal camino porque ya tenemos un desprestigio”, advirtió.
En esa misma línea, la parlamentaria aseguró que “todas las instrucciones y todas las acciones del fiscal Cooper son negligentes al basarse en un informe poco analizado, incoherente y mandatando acciones como fueron las que conocimos públicamente, que son vulneradoras desde todo punto de vista”.
“Entonces, dar una señal de que hay ciertos elementos ordenadores y mínimos en la acción del Ministerio Público, nos parece de la máxima importancia en este momento”, dijo.
Gazmuri además cuestionó las filtraciones que se dieron en el marco de la causa contra la diputada Cariola y el hecho de que no haya ocurrido lo mismo con otras indagatorias.
“Cabe hacerse la pregunta, qué es lo que ocurre que existen las filtraciones de la naturaleza que conocimos en este caso, pero otros casos se manejan con absoluta reserva como es la figura de Andrés Chadwick, por ejemplo, que no hay cobertura mediática, no hay filtraciones. También hay un evidente sesgo y desigualdad en cómo ocurren estas filtraciones y en cómo se están utilizando políticamente”, acusó.
A su juicio, “estamos frente a un escenario muy peligroso de lawfare cuando se empieza a utilizar mañosamente las causas judiciales para desprestigiar, para sacar de competencia, del ruedo a personas que son de alta connotación pública y vemos que está siendo una tendencia. Pensamos que esta alerta es muy importante y por eso la firma transversal de esta petición de remoción”, recalcó.