Montero y Díaz dejan fuera de la exención de tributación a autónomos y pensionistas que cobren lo mismo que el SMI
El acuerdo cerrado María Jesús Montero y Yolanda Díaz para compensar a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que estaban obligados a pagar el IRPF alcanzará solo al 20% de los perceptores de SMI, básicamente solteros sin hijos, que desde este año tenían que tributar tras la subida acordada para 2025, dejando fuera del acuerdo a los trabajadores autónomos que cobren la misma cantidad del SMI, 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, y a los pensionistas que estén en la misma situación.
La razón tiene que ver con que el acuerdo solo reconoce una exención tributaria exclusiva para los trabajadores que cobren este salario mínimo, no un ajuste del mínimo exento, que sí alcanzaría a todas las personas que cobren esta cantidad.
La implicación económica de este enjuague fiscal es inmediato, ya que esta exención supondrá poco más de 200 millones de euros de recaudación del IRPF, diez veces menos de lo que habría costado si, como en ocasiones anteriores, se hubiera elevado el mínimo exento, lo que supondría unos 2.000 millones tras alcanzar al conjunto de los perceptores de esta cantidad, no solo a una parte. Por tanto, el acuerdo se limita a introducir una deducción en la cuota del IRPF que hace que solo los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen en el IRPF este año. Según fuentes ministeriales, el total de beneficiarios alcanzaría solo a 500.000 personas.
El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha lamentado que el Gobierno no exima de tributación a los autónomos con ingresos similares al SMI porque "se rompe el equilibrio de igualdad, de equidad y no discriminación. El Gobierno considera a los autónomos ciudadanos de segunda. Es lamentable que se les obligue a tributar por IRPF teniendo ingresos similares. Es una injusticia fiscal", ha indicado a LA RAZÓN.
Las críticas también han llegado por parte de los sindicatos, que aunque han mostrado su satisfacción por la marcha atrás de Montero, ven como una "muy mala noticia" que el debate en el seno del Gobierno durante los últimos meses se haya producido de un modo tan polémico, además de que han vuelto a afear al Gobierno que este tipo de acuerdos deben negociarse en la mesa del diálogo social.