El Gobierno veta una ley del PP con rebajas fiscales para las familias de casi 4.000 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene intacto su afán recaudatorio tras vetar en el Congreso una proposición de ley del PP para rebajar varios impuestos, entre ellos el IVA de alimentos, la electricidad y el gas, que iba a suponer una alivio para los hogares españoles de 4.000 millones. El Ejecutivo ha justificado su decisión porque su aprobación iba a suponer un recorte de ingresos de casi 4.000 millones a las arcas públicas.
Esta semana, la ministra de Hacienda informó de que el ejercicio 2024 se cerró con un nuevo récord de recaudación tributaria. El total de ingresos fiscales se elevaron a 294.734 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,4% respecto a 2023 y una nueva marca histórica. Entre los impuestos directos, el IRPF aumentó un 7,6%, hasta los 129.408 millones, mientras que el Impuesto de Sociedades creció un 11,5%, hasta los 39.096 millones. Por su parte, la recaudación por IVA se elevó un 7,6%, con 90.541 millones, y los impuestos especiales crecieron un 6,6%, hasta 22.128 millones, destacando los incrementos en el impuesto de hidrocarburos y el del tabaco. Especial incidencia ha tenido el impuesto de transacciones financieras, que alcanzó un incremento de 25,5%, y el del impuesto a determinados servicios digitales, que se incrementó un 23,8%.
Montero descartó que el Gobierno haya aumentado la presión fiscal y de los costes laborales. Al contrario, aseguró que las medidas fiscales puesta en marcha habían ahorrado más de 38.000 millones de euros a los hogares vulnerables y de la clase media. Además, asentó la mejora de la recaudación "por el aumento del empleo y por los mayores beneficios empresariales".
Para rechazar esta propuesta de ley, la bancada del Gobierno se ha acogido al poder de veto por motivos presupuestarios que tiene reconocido en la Constitución, arguyendo que las medidas tributarias, de financiación y de apoyo a las familias presentadas por el Grupo Popular, supondría una pérdida de ingresos de 3.860 millones de euros ante la ausencia de Presupuestos Generales, según se puede leer en el texto de disconformidad que el Gobierno ha remitido a la Cámara Baja.
Los populares han votado en contra de la admisión de los vetos recordando que la doctrina del Constitucional establece que la afectación presupuestaria por aumento de gasto o disminución de ingresos se circunscribe a las cuentas en vigor y que, en todo caso, no se puede alegar que la iniciativa vetada afectará a previsiones futuras cuando no hay Presupuestos a la vista y los vigentes (para 2023) se aprobaron en 2022, con otro Gobierno y en otra legislatura.
La norma constaba de siete artículos y una disposición adicional que incluían un amplio paquete de medidas tributarias para el ejercicio de 2025. El primero de ellos proponía para todo este año un IVA del 2% en los alimentos básicos y del 7,5% para aceites de semillas y pastas alimenticias. El Gobierno explica que la aprobación de esta medida supondría una pérdida de recaudación para la Administración del Estado estimada en 692 millones de euros. Otro de los artículos incluía medidas fiscales para rebajar el recibo de la electricidad, reduciendo el IVA de la electricidad y el gas y suprimiendo el impuesto a la generación eléctrica. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que eliminar ese impuesto supondría una merma recaudatoria de 1.500 millones, mientras que bajar el IVA a la electricidad, el gas, la madera y los pellets supone un recorte de 386 millones, según recoge EP.
Justo el día en el que las ministras de Hacienda y Trabajo han llegado a un acuerdo para aprobar una exención a una parte de los perceptores del SMI, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo apostaba en su propuesta dejar exento de IRPF a las personas que perciben el salario mínimo, pero el Ejecutivo la ha deshechado también porque tendría un impacto en las cuentas públicas de 1.282 millones.
Durante la reunión de la Mesa, el PP ha denunciado que estos vetos no estaban en el orden del día de la cita de este órgano y que, por tanto, no han tenido tiempo de analizar los escritos del Gobierno. Según han explicado fuentes parlamentarias, los populares también han denunciado que ha sido el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha llevado a la Mesa los escritos de disconformidad en nombre del Gobierno.