La ley de Concordia de PP y Vox en Extremadura: borrado de la dictadura, de las víctimas LGTBI y de la financiación

El mercadeo de PP y Vox con la memoria histórica en Extremadura se ha consumado con el registro en la Asamblea de una propuesta de ley, suscrita por ambos, denominada 'de Concordia', que borra la dictadura, a las víctimas de la represión franquista pertenecientes al colectivo LGTBI, a las asociaciones memorialistas, la perspectiva de género, la financiación, la eliminación de símbolos y las sanciones por destruir fosas o provocar daños a los Lugares de Memoria.

La derogación de la ley de Memoria Histórica de Extremadura era una medida prevista en el pacto de gobierno, que permitió la investidura de María Guardiola hace 20 meses. Sin embargo, el PP se había mostrado reacio hasta ahora a permitirlo, asegurando, tanto a las familias de las víctimas como en sede parlamentaria, que no era una prioridad. Sin embargo, la derogación se volvió apremiante hace un mes cuando Vox lo impuso como condición para aprobar la ley urgente de medidas fiscales, que incluye rebaja de impuestos para el acceso a la vivienda, la caza gratis y bonificaciones para los cotos, entre otras medidas.

La propuesta que han presentado para sustituir a la Memoria Histórica se amplía desde 1931 hasta la actualidad e incluye a las víctimas del terrorismo, a pesar de que Extremadura cuenta con una ley específica para ello y que en norma actual también se menciona el periodo de la Segunda República. Sin embargo, en la exposición de motivos se evita hablar del franquismo como una dictadura ni se menciona la especial virulencia de la represión en esta comunidad (algunos estudios hablar de más de 11.000 víctimas desde el inicio de la Guerra Civil hasta los años 50). Es más, PP y Vox sostienen que “nunca” ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo y añaden que la Guerra Civil “llevó al paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. Por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socioeconómicas, los atropellos de derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de población”, por lo que equipara a las víctimas.

Borrado de la violencia contra las mujeres y las víctimas LGTBI

La derecha y la extrema derecha consideran que la actual ley ha conducido a la “división y al resentimiento” y hace falta una “reconciliación” que vinculan con el “ejemplo” de la Transición. Por ello, cuando en su artículo 1 de la ley de PP y Vox se recoge que el objetivo es “preservar, mantener y reforzar la concordia” se entiende que se van a eliminar y paralizar los organismos y actuaciones llevados a cabo hasta ahora para recuperar la memoria histórica.

Además, la llamada ley de Concordia elimina la persecución o violencia por razones de género, identidad u orientación sexual. De hecho, en una disposición adicional de la ley que el PSOE y Podemos aprobaron en 2019 se incluye la perspectiva de género para dar visibilidad y conocimiento a la violencia específica ejercida contra las mujeres dentro del ámbito de la memoria democrática.

También desaparecen las asociaciones de familiares de víctimas, que han impulsado realmente la memoria histórica ante el escaso desarrollo de la ley. Sin embargo, ahora la Junta de Extremadura reconocerá a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro “que defiendan la dignidad de todas las víctimas” y asegura que colaborará en sus actividades y en proyectos de investigación, localización e identificación de víctimas, aunque no hace referencia a ayudas públicas y establece que, debido a la legislación de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pueden ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo. 

Los símbolos de la Guerra Civil y el franquismo permanecerán

Por otro lado, se mantendrán las exhumaciones, un censo de víctimas y la creación de un banco de ADN, que hasta ahora la Junta de Extremadura tenía la obligación de financiar, pero esa obligación desaparece, como también la de indemnizar a los extremeños que padecieron trabajos forzados o el reconocimiento de responsabilidad patrimonial.

También se eliminan de golpe todos los organismos autonómicos, planes y programas existentes al amparo de la ley de Memoria Histórica, como la participación de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, en manos del PSOE, que esta legislatura han creado sus propios servicios de memoria democrática tras la llegada de PP y Vox.

Por último. PP y Vox eliminan el día de recuerdo y homenajes a las víctimas de golpe militar y del franquismo, la identificación de los lugares de memoria y la obligación de retirar símbolos que exalten la sublevación militar o a personas. Por esto, tampoco se recoge un sistema sancionador, que en la ley de Memoria Histórica llegan hasta 150.000 euros por construir donde haya evidencias de restos de personas represaliadas, destruir fosas o incumplir con la conservación de los Lugares de Memoria Democrática, que también saldrá de las aulas de Secundaria y Bachillerato.