El PP impulsa dos recursos ante el Constitucional contra el Gobierno por el "veto" a sus enmiendas en el Senado
El partido de Alberto Núñez Feijóo impulsará la semana que viene una ofensiva jurídico política contra el Ejecutivo: llevará a la Cámara alata un conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado, y registrará un recurso de amparo y otro de inconstitucionalidad tras la decisión de la Cámara baja de tumbar sus enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario
El PP va a impulsar la semana que viene un conflicto jurídico-parlamentario contra el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta al veto a sus enmiendas contra la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobadas en la Mesa del Congreso con los votos de PSOE y Sumar.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado en la inauguración de la 27 Interparlamentaria del partido, que se celebra este fin de semana en Sevilla, tres acciones judiciales sincronizadas: primero, el Pleno de la Cámara Alta, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, promoverá un conflicto de competencias entre el Senado y el Cogreso (y el propio Gobierno), por lo que consideran una injerencia del Ejecutivo y la Cámara baja al tumbar sus enmiendas a la ley.
Por otro lado, el PP prevé registrar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) -en nombre del Senado- y un recurso de inconstitucionalidad -firmado por todos sus diputados- para denunciar que les “han privado del derecho a que se legisle desde la mayoría”. Los populares acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “rebasado una línea roja” alterando en el Congreso una ley que ya había sido aprobada en el Senado y que, dicen, “la Constitución ya no permite tocar”.
“Sánchez ha vulnerado la Carta Magna porque sufre una debilidad parlamentaria”, advierten desde el partido de Alberto Núñez Feijóo. Gamarra ha comparado esta estrategia judicial con la cuestión prejudicial que el PP ha planteado al tribunal que revisa la sentencia del caso ERE, para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre dicha la decisión del TC de anular parcialmente las condenas a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
“Hemos tenido una gran satisfacción esta semana, porque la Audiencia de Sevilla ha hecho suya cada uno de los planteamientos del PP. Y no vamos a parar”, ha dicho el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo. Distintos dirigentes populares han cargado desde Sevilla contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, al que acusan de “maniobrar” para evitar que el Tribunal Europeo se prununcie sobre el caso ERE. “Es un juez manirroto y corrupto”. “En España islas de impunidad no existen para nadie, tampoco en el TC, ¿por qué está tan nervioso el señor Conde-Pumpito”, ha preguntado la número dos del PP.
Los de Feijóo han abierto su Interparlamentaria en Sevilla con un discurso durísimo contra Sánchez, a los que han tildado de “panda de golfos”, tras subrayar que “los asesinos de ETA” les han dado las llaves de la Moncloa. “Nos dicen por las calles: hay que echarlos, hay que sacarlos de la Moncloa. Y vamos a echarlos”, ha asegurado Gamarra, interrumpida por un gran aplauso de los casi 500 diputados, senadores, alcaldes y concejales congregados en Sevilla. “Vamos a echarlos democráticamente, por supuesto, que nadie se ponga nervioso”, ha matizado.
La secretaria general del PP ha denunciado en Sevilla que “la democracia está en peligro dentro de nuestras fronteras”. “España vive la tironía de las minorías con el permiso de Pedro Sánchez”, ha dicho Gamarra, acusando al presidente del Gobiern de comportarse como “un pequeño dictador que no respeta la separación de poderes y los contrapoderes del país”.
El veto del Gobierno a unas enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario que había aprobado el Senado fue discutido, verbalmente, por el letrado mayor del Congreso, que advirtió de que la disconformidad del Ejecutivo a través de los votos en la Mesa de la Cámara baja ya no era posible. La decisión fue tan rápida que no hubo informe escrito de los servicios jurídicos.
PSOE y PP obviaron su criterio e impusieron su mayoría para eliminar las enmiendas que el Ejecutivo quería quitar, algo que fue recurrido por los partidos afectados por los vetos (PP, Junts y ERC). Una de las enmiendas de los populares pedía bajar el IVA de determinados alimentos y otra de Junts y ERC planteó prorrogar la vida útil de plantas de purines para que puedan seguir cobrando ayudas. Los socialistas defienden que el criterio del letrado “no es vinculante”.