Marruecos cierra la puerta y España apaga la luz: tres nuevas deportaciones de una delegación de observación en el Sáhara ocupado

Al abrirse las puertas del avión tras aterrizar en el Aaiún la luz entra a raudales mientras los pasajeros que este sábado viajaron desde Gran Canaria van abandonando la nave, todos menos tres. Los pertenecientes a una delegación humanitaria de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) y Um Draiga no han podido bajar del avión después de que un agente perteneciente a las autoridades de ocupación marroquí colocara su cuerpo intransigente entre la salida y las intenciones de estos tres pasajeros, sin moverse un ápice del último escalón antes de pisar el avión, territorio español. Sin identificarse en ningún momento, sin dar una explicación válida o argumentada al motivo por el que una delegación acompañada por la prensa no podía acceder al territorio, se mantuvo inmóvil impidiendo el raudal de luz y toda posibilidad de diálogo.

Junto a este agente venía otro acompañante con gafas de sol que no paró en ningún momento de filmar a todos los miembros de la delegación cuando intentaban explicar los motivos por los que debía bajar del avión y cumplir con una agenda prevista de trabajo para observar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y denunciar el “expolio de recursos naturales llevado a cabo por empresas europeas que operan en complicidad con Marruecos”. Otro de los aspectos primordiales de esta visita era poder conocer de primera mano la situación de los 34 presos políticos en cárceles marroquís, entre los que se encuentran periodistas, que han querido denunciar la violación sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados. 

Los tres miembros de la delegación fueron enviados a Gran Canaria en el siguiente vuelo, sin explicación y sin documento de deportación. En la pista de Gando esperaba una pareja de la Guardia Civil para registrar sus datos “por si la compañía aérea Binter Canarias quisiera denunciar a los miembros de la expedición por altercados”.

En lo que va de año, 22 personas pertenecientes a diferentes delegaciones han intentado realizar esta tarea de observancia; una delegación de representantes vascos; una del Parlamento Europeo y otra de juristas canarios. Todos ellos expulsados sin poder esclarecer estas situaciones actuales que suceden mientras Marruecos cierra la puerta y España apaga la luz.

La Federación Estatal de Instituciones Solidarias con El Sáhara (FEDISSAH) se ha hecho eco de la denuncia de CEAS y Um Draiga y ha exigido un “cambio inmediato” en la postura de España que, dice, “debe asumir un papel activo en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, garantizando su derecho a decidir su futuro, tal como establece el derecho internacional”.

El presidente de FEDDISAH, Carmelo Ramírez, afirma que “el régimen marroquí continúa vulnerando los derechos fundamentales del pueblo saharaui y actúa de manera arbitraria contra cualquier intento de visibilizar esta ocupación ilegal”. Ramírez añade que “es inadmisible que la comunidad internacional siga permitiendo estos abusos” y pide al Gobierno nacional que “apoye de manera clara y decidida el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”.

En su informe de junio de 2024 Reporteros Sin Fronteras (RSF) califica la situación informativa de Marruecos con respecto a los territorios ocupados del Sáhara Occidental como “un desierto para el periodismo”. Marruecos ocupa el puesto 135 en la clasificación elaborada por la entidad para medir la salud de la que goza la libertad de prensa en los países del mundo. 

El ministro de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, no tenía en su agenda pública ningún evento previsto para el día de hoy, pero su ministerio sí estaba informado del viaje de esta delegación a El Aaiún. Sin cambiar sustancialmente lo que el papel aguanta, las acciones están yendo en direcciones opacas y tibias tras no posicionarse firmemente la pasada semana durante la sesión de control al Gobierno en el Senado tras ser preguntado . “Marruecos es un país amigo”, dice el ministro de la potencia administradora del Sáhara, como si relamente no hablara desde un gobierno que tiene responsabilidades poscoloniales en el exilio forzoso de medio siglo del pueblo saharaui.

A la vuelta, una de las deportadas, la activista Rosa Fernández, exhibía una bandera del Sáhara por las ventanillas durante el despegue tras la expulsión y dijo para sí: “volveremos cuando el Sáhara sea libre”.