Política migratoria de EEUU: miembros de la ALBA denuncian sanciones y deportaciones a inmigrantes
Durante la XXV Reunión del Consejo Político en Caracas, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresaron su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos y denunciaron las deportaciones de migrantes a terceros países.
En representación de Venezuela, el ministro de Exteriores, Yván Gil, destacó que varios países de la alianza son “víctimas de sanciones, medidas coercitivas unilaterales y amenazas diarias”, pero subrayó que estas acciones no los “hacen retroceder”.
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¿Qué dijeron los miembros de la ALBA sobre las deportaciones y sanciones a inmigrantes en EE.UU.?
Durante la XXV Reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), celebrada en Caracas, varios Estados miembros de la organización rechazaron las sanciones impuestas por Estados Unidos y las deportaciones a terceros países, como el reciente traslado de más de 200 migrantes a El Salvador. En este contexto, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, señaló que varios países de la alianza son “víctimas de sanciones, medidas coercitivas unilaterales y amenazas diarias”, pero subrayó que estas acciones no los “hacen retroceder”.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó el “firme respaldo” del Gobierno de Miguel Díaz-Canel a Venezuela, al tiempo que rechazó el uso de “herramientas económico-comerciales brutalmente punitivas” por parte de Estados Unidos, cuyo efecto, según él, repercutirá negativamente en los pueblos. Rodríguez también condenó el “secuestro sin jurisdicción ni debido proceso, sin juicio, defensa ni sanción de tribunal competente, y envío a terceros países por parte de Estados Unidos de migrantes venezolanos y de cualquier ciudadanía”, calificando este acto como “atroz”.
El canciller cubano acusó a Washington de aplicar “políticas discriminatorias, represivas e ilegales que agreden la dignidad y los derechos humanos” de los migrantes, a la vez que recurrió al “chantaje, la intimidación y la implementación de un número creciente de medidas coercitivas unilaterales”. En apoyo a Venezuela y Cuba, el canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, expresó la “solidaridad invariable y creciente” con los pueblos y gobiernos de ambos países, además de condenar el “ilegal e inhumano bloqueo” estadounidense contra Cuba.
La ministra de Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, exigió el “cese de las medidas coercitivas unilaterales” contra Venezuela y Nicaragua, así como la eliminación del bloqueo a Cuba. Sosa también condenó la “criminalización de los migrantes” y su traslado a centros de detención en terceros países o su deportación en condiciones que vulneran sus derechos. A su juicio, es “necesario consolidar una posición común de rechazo a la criminalización de la migración que hoy aplica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.
En la misma línea, el canciller de San Vicente y las Granadinas, Frederick Stephenson, afirmó que las sanciones “unilaterales, sin importar su objetivo, son ilegales” y tienen “terribles consecuencias que agravan el sufrimiento humano”, por lo que hizo un llamado a su levantamiento.
Nuevas estrategias de EE.UU. frente a las deportaciones
El presidente Donald Trump ha llevado su estrategia migratoria ante la Corte Suprema de Estados Unidos, buscando el respaldo del máximo tribunal para aplicar una medida controvertida que permitiría la deportación de migrantes sin una audiencia previa, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta legislación, que ha sido rara vez invocada en la historia del país, fue activada el 15 de marzo con el fin de expulsar a presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, en su mayoría ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, la implementación de esta norma fue rápidamente detenida por una orden judicial del juez de distrito James Boasberg, quien determinó que los inmigrantes deben tener el derecho de impugnar su clasificación como supuestos criminales, advirtiendo sobre el riesgo de deportaciones erróneas basadas en criterios sin revisión judicial. Esta decisión fue extendida hasta el 12 de abril, después de una solicitud presentada por la ACLU en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas.