Moncloa y PSOE evitan avalar a Montero sin desautorizarla
La figura de la todopoderosa María Jesús Montero comienza a mostrar síntomas de desgaste. Pese a ser un pilar, un perfil incontestable para Pedro Sánchez, que ha ido expandiendo su influencia en el Ejecutivo y en el partido, su reinado empieza a tambalearse. La «mujer para todo» del presidente concentra un poder casi omnímodo: vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del socialismo andaluz y candidata a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones. Hay quienes, de manera interna, advierten ya que tiene «demasiados frentes abiertos» y esto comienza a pasarle factura.
En el partido y en el Gobierno causaron estupefacción sus declaraciones de este fin de semana, en un acto de partido, en las que descalificó la presunción de inocencia en su lectura de la absolución del futbolista Dani Alves por agresión sexual. No hay ardor mitinero que justifique señalar que «es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos».
Este pronunciamiento avanza en el choque institucional entre poderes que el Gobierno mantiene abierto desde hace tiempo, desde el Ejecutivo se cuestiona con demasiada ligereza y asiduidad la labor del Judicial, con la especificidad de que esta vez lo que se ataca es un principio básico del Estado de Derecho, del que la vicepresidenta es una de las principales representantes. Esto generó ayer un alineamiento inédito: todas las asociaciones de jueces y fiscales cargaron de manera unánime contra Montero. «La presunción de inocencia es un derecho fundamental», señalan. La presión ha ido escalando en las últimas horas. Tanto, que ha colocado a Montero en la cuerda floja.
Desde el partido y el Gobierno se multiplicaron ayer las voces que pedían una rectificación y consideraron insuficiente el mensaje que publicó en su cuenta de X –antiguo Twitter– en el que matizaba mínimamente sus palabras y lanzaba toda una carga de profundidad contra el PP, a quien acusó de «tergiversar» sus palabras. «Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo», escribió. Posteriormente siguió posteando sobre el tema, pero sin condenar sus palabras. Fuentes de la dirección socialista anticipaban, antes de la publicación de los mensajes, que trataría de «explicarse mejor» la próxima vez. Tratan de apaciguar así la crisis –desde el principal partido de la oposición han pedido su dimisión–, que justifican en un impulso humano: «Se dejó llevar por la impotencia» ante lo «cruel» de la sentencia.
La soledad de Montero quedó en evidencia durante toda la jornada de ayer, cuando los cargos del PSOE y del Gobierno que se pusieron frente a un micrófono, al pedirles un posicionamiento al respecto, evitaban cerrar filas con la número dos de Ferraz y de Moncloa. Nadie salió a defenderla. Ni la portavoz del PSOE, que hizo equilibrios imposibles desde la sala de prensa, ni los ministros con atención a medios. Toda una desautorización, que se suma a la que se vivió la semana pasada con la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Montero, que se había plantado y que no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer, acabó sentada en la mesa de negociación por orden directa de Sánchez, que quería resolver la cuestión sin mayores daños que los que la polémica por la tributación ya ha causado, eclipsando una de las medidas estrella del Ejecutivo. El presidente permitió que fuera Yolanda Díaz quien acabase imponiendo su criterio y ganase la batalla interna en la coalición: las rentas mínimas no tributarán en el IRPF, aunque solo sea de manera coyuntural, en el presente ejercicio.
El desgaste de la figura de la ministra de Hacienda se ha incrementado a cuenta de esta cuestión. La decisión de gravar la renta a los trabajadores más vulnerables, anunciada minutos antes de la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, forzó un choque inédito y en directo en la coalición, que acabó por eclipsar las bondades de la medida que se aprobaba. La incomprensión por la gestión de los tiempos no solo se dio en Sumar, sino también por parte de los propios socialistas, que no entendían muy bien el autoboicot del Gobierno. Ni la maniobra de Montero, que en su encastillamiento obligó a todos los cargos socialistas a hacer un ejercicio de pedagogía fiscal que ahora les ha atrapado.
El del SMI no es un caso aislado. Montero, en su condición de ministra de Hacienda, pilota algunas de las negociaciones más complejas que el Gobierno tiene abiertas y las que más desgaste generan. Las relativas a la política fiscal, las que tienen que ver con la quita de la deuda y, a más, las de los –ya sentenciados– Presupuestos Generales del Estado. Muy discutida internamente y entre los socios de la coalición fue también la negociación del paquete fiscal. Que Montero iniciara las conversaciones por los aliados más a la derecha, PNV y Junts, pensando que serían más permeables a las exigencias de la izquierda provocó una situación insólita, el Gobierno tuvo que retrasar hasta en tres ocasiones la aprobación del paquete fiscal y logró un equilibrio imposible para la cuadratura del círculo. Esta negociación obligó a la intermediación, «in extremis», de Félix Bolaños. Algunos dirigentes creen que Montero ha perdido la «baraka». «Sánchez no se casa con nadie y está (Montero) cometiendo errores», resuelve un dirigente socialista.