Mazón dispara el presupuesto para "encauzamiento de ramblas y barrancos" tras asegurar que no tiene competencias

La ausencia de cualquier tipo de competencias en todo lo relacionado con barrancos es una de las principales líneas argumentales del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de su ejecutivo y todo el PP para tratar de derivar responsabilidades en el Gobierno de Pedro Sánchez tras la trágica DANA que se cobró 228 fallecidos el pasado 29 de octubre.

Lo cierto es que tanto en lo que infraestructuras se refiere como en lo que a control de los niveles en caso de episodios de lluvias torrenciales la responsabilidad es compartida. En este segundo caso y en relación con la DANA, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) debía trasladar la información disponible al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat (como así hizo según acreditó la jueza) y esta, a su vez, debía enviar a sus técnicos (brigadistas o bomberos forestales) a controlar el nivel de los barrancos, algo que incomprensiblemente no hizo en el barranco del Poyo a partir de las 15.00 horas.

En cuanto a las infraestructuras, la Generalitat tiene competencias principalmente en obras de mantenimiento. En este sentido, tal y como acreditan los presupuestos autonómicos recientemente presentados tras el pacto del PP con Vox, el Gobierno valenciano recupera para el presente ejercicio el tijeretazo del 49% que aplicó en las cuentas del pasado año a estas partidas, tal y como avanzó elDiario.es.

Así pues, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha pasado de presupuestar una cuantía de 3,6 millones de euros en 2024 a disparar la inversión hasta los 23,6 millones de euros para el presente año en materia de infraestructuras de encauzamiento de ramblas y barrancos. La mayor parte de la cuantía se la llevan las obras de “reparación daños en cauces urbanos” como consecuencia de la DANA con 14,6 millones de euros y los trabajos adecuación de la presa de Buseo, dependiente de la administración autonómica, con 7,8 millones de euros. Además hay una partida de 64.000 euros para “reconstrucción de obra dañada en cajeros del barranco de Pozalet”.

También destacan las partidas de 783.000 euros para “reposición del muro de protección del barranco de la Mota en Calle San Rafael, en Enguera”, o los 150.000 euros para la “mejora de evacuación de aguas pluviales en el cementerio de San isidro”, en el marco del plan 'Vega Renhace' aprobado tras la DANA de 2019 en la Vega Baja. También hay 105.000 euros para la “intervención en barranco urbano de Benlloch” y 127.000 euros para “red de evacuación de pluviales en el casco urbano de Almoradí”. Por otra parte, llama la atención que ha desaparecido una partida correspondiente a obras de protección del río Magro que el pasado ejercicio estaba dotada con 10.000 euros.

En cuanto al presupuesto del pasado año, llama la atención el bajo nivel de ejecución presupuestaria del pasado año. Así, a pesar de que se presupuestaron 3,6 millones de euros, se añadió una inversión de 5 millones de euros para la ampliación del barranco de la Casella de Alzira y otras pequeñas partidas que dieron un crédito definitivo de 9,9 millones de euros, de los que solo se ejecutaron 3,2 millones de euros, un 32,6%.

El Gobierno, por su parte, trabaja a través de la CHJ en la licitación para el presente año del proyecto de encauzamiento del barranco de Pozalet. Pese a aprobarse en 2010 todos los proyectos de encauzamiento tanto de este barranco como de el del Poyo, el Gobierno no realizó los trabajos tras aplicar un recorte del 85% en obras hídricas, lo que hizo que en 2018, con Rajoy al frente, caducara la declaración de impacto ambiental y se tuvieran que reiniciar todos los procedimientos.