Inspectores de CBP en San Ysidro son acusados de aceptar sobornos a cambio de permitir entrada ilegal de inmigrantes
En el punto de cruce más transitado entre México y Estados Unidos, el puerto de entrada de San Ysidro, dos inspectores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfrentan cargos federales por su presunta colaboración con redes de tráfico de personas. Los agentes, identificados como Farlis Almonte y Ricardo Rodríguez, son acusados de haber recibido sobornos a cambio de permitir que vehículos con migrantes ingresaran al país sin pasar por controles migratorios.
La investigación reveló un esquema de corrupción profundamente estructurado. Los inspectores, aprovechando su posición en cabinas de revisión migratoria, habrían autorizado el ingreso de decenas de vehículos que no cumplían con las normas establecidas. De acuerdo con la fiscalía federal, estos actos ilegales ocurrieron de manera sistemática y fueron acompañados por movimientos financieros no justificados, así como comunicaciones directas con traficantes en México.
¿Cómo fueron descubiertos los inspectores fronterizos acusados de permitir el ingreso de migrantes sin documentos?
El caso salió a la luz tras el arresto de tres personas implicadas en actividades de tráfico de personas, quienes proporcionaron testimonios clave a las autoridades. Estos implicaron directamente a los inspectores fronterizos Almonte y Rodríguez. A partir de esta declaración, los fiscales federales iniciaron una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de mensajes telefónicos, movimientos bancarios y grabaciones de video obtenidas en los puntos de revisión.
Uno de los elementos más contundentes para los investigadores fue una grabación en la que un vehículo con dos ocupantes ingresaba a Estados Unidos, aunque solo uno de ellos aparecía registrado oficialmente. Este tipo de irregularidades alertó a los fiscales sobre un posible patrón delictivo. Además, se detectaron depósitos de miles de dólares en las cuentas bancarias de los acusados, sin que estos pudieran justificar el origen del dinero.
La evidencia financiera también jugó un papel crucial. Durante la detención de Almonte, las autoridades confiscaron US$70 mil en efectivo, dinero que, según los fiscales, su pareja intentaba trasladar a Tijuana. Este hallazgo derivó en acusaciones adicionales por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, fortaleciendo los cargos federales ya presentados.
¿Qué otros casos recientes similares se han presentado en la frontera sur de California?
El escándalo que involucra a Almonte y Rodríguez no es un hecho aislado. En los últimos dos años, al menos cinco agentes de la CBP han enfrentado acusaciones similares en la región de San Diego. Estos casos incluyen delitos relacionados con sobornos, ingreso ilegal de mercancías y facilitación del cruce de personas sin documentos. La recurrencia de estas conductas ha generado alarma entre autoridades y ciudadanos, al poner en entredicho la efectividad de los mecanismos de supervisión interna.
Uno de los antecedentes más graves fue el del exinspector Leonard Darnell George, quien recibió una condena de 23 años de prisión en 2023. Las pruebas demostraron que aceptó pagos ilícitos para permitir el paso de migrantes y vehículos cargados con drogas. Asimismo, otros dos exagentes, asignados a los cruces de Otay Mesa y Tecate, enfrentan procesos similares y sus juicios se programaron para este verano.
Estos incidentes reflejan un patrón preocupante en la frontera sur de California, donde las redes de tráfico han logrado infiltrarse en el sistema mediante la corrupción de funcionarios públicos. El fiscal federal interino Andrew Haden advirtió que cualquier miembro de la CBP que facilite el ingreso ilegal de migrantes traiciona su juramento y pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
Ni la CBP ni el sindicato que representa a sus agentes han emitido comentarios al respecto. La investigación continúa abierta y no se descarta que surjan nuevas imputaciones conforme se analicen más pruebas. El caso ha puesto bajo la lupa la integridad del sistema de control fronterizo y la necesidad urgente de reforzar los protocolos de vigilancia interna.
A pesar de las acusaciones, la defensa de Rodríguez sostiene su inocencia. Su abogado, Michael Hawkins, insistió en que el proceso apenas inicia y que su cliente “es un hombre trabajador y leal”. Por ahora, el sistema judicial determinará si estas afirmaciones logran resistir el peso de la evidencia.