Imputado el primer alto cargo del Gobierno andaluz por adjudicar a dedo 235 millones en contratos troceados

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que investiga si hubo delito de malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz ha citado a declarar en calidad de investigado al director económico de la Central Provincial de Compras, Demetrio González.

En una providencia fechada el pasado viernes, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la jueza Rosa María García Jover le llama “para prestar declaración en calidad de investigado” el próximo 28 de abril, dejando sin efecto su anterior citación “en calidad de testigo”. Se trata del cuarto imputado del SAS despúes de los tres gerentes investigados (la actual y sus predecesores) en otra causa abierta en Sevilla, donde se investiga un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024.

Ese cambio en el tipo de citación de Demetrio González se adopta por parte de la jueza justamente después de que la semana pasada declararan en calidad de testigos los dos interventores provinciales del SAS autores del informe que da origen a la causa, el cual ratificaron, y dos jefas de servicio, también testigos, que apenas se limitaron a señalar que habían revisado los expedientes objeto de investigación. La noticia trasciende también tras una multitudinaria manifestación en Sevilla, este pasado sábado, en la que sanitarios y pacientes han protestado por el “desmantelamiento” de la sanidad pública y porque consideran que “la salud no es un negocio”.

En Cádiz estamos hablando de la causa judicial abierta tras una denuncia de Podemos, a raíz de una información exclusiva de elDiario.es Andalucía publicada el pasado otoño, que pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores adjudicados a dedo y encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, “eludiendo” la ley de contratación, según recoge un informe desfavorable de la Intervención de la Junta que forma parte de la investigación.

Los interventores denuncian el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos con los que se adjudicó a dedo 1.125 millones de euros en 2021 en las ocho provincias andaluzas. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó este medio, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.

En este momento, el Gobierno de Moreno tiene dos causas judiciales abiertas relacionadas con los procedimientos de contratación a dedo del SAS. Un juzgado de Sevilla investiga un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024 -por más de 234 millones de euros- amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado. La Junta no se ha personado en esta causa, pero sí lo hizo en la instrucción del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz, donde desde el psado miércoles está formalmente personada como responsable civil subsidiaria de un posible delito de malversación.

Se da la circunstancia que la persona ahora imputada ocupa el mismo puesto, aunque en provincia distinta, que llegó a ocupar en Córdoba la recientemente nombrada directora general de Gestión Económica y Servicios del SAS, Amparo Simón, que sustituyó a José Antonio Miranda, veterano diputado del PP andaluz, responsable de las cuentas de la sanidad andaluza y de planificar todas sus contrataciones desde el primer Gobierno de Moreno hasta hace apenas un mes.