CIDH exige liberar de inmediato a presos políticos en Venezuela y a restaurar garantías judiciales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado venezolano para que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos. Al tiempo que denunció la persistencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y largos períodos de incomunicación.
En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por las condiciones en las que permanecen más de 900 presos políticos en el país. De ellos, al menos 64 familias no tienen información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, según datos recogidos por la Comisión.
La CIDH detalló que muchos familiares solo han logrado confirmar que sus allegados están vivos gracias a datos compartidos por otros reclusos o por llamadas de funcionarios penitenciarios solicitando medicamentos o artículos de higiene. Sin embargo, cuando intentan obtener mayor información o visitar a los detenidos, son frecuentemente víctimas de maltratos.
¿Qué ha dicho la CIDH sobre los presos políticos en Venezuela?
“En ocasiones, cuando los familiares se acercan a los centros de reclusión, son maltratados por funcionarios del personal penitenciario. En particular, las mujeres que intentan visitar a sus parientes son sometidas a tocamientos y requisas invasivas. Adicionalmente, en determinados casos, el personal penitenciario se rehúsa deliberadamente a permitir visitas o a dar información del estado de salud de las personas privadas de la libertad arbitrariamente”, se lee en el escrito.
Incluso se mencionan los casos de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, beneficiarios de medidas cautelares del organismo.
Del mismo modo, la CIDH también denunció que el gobierno de Nicolás Maduro castiga no solo a los presos, sino que extiende represalias a sus familiares. Lo que ha generado un ambiente de miedo y angustia.
Por tal motivo, la Comisión instó a las autoridades venezolanas a restaurar la independencia del poder judicial. Así como permitir visitar a los detenidos y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Esto como condición esencial para el restablecimiento del Estado de derecho en el país.
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