Alianzas electorales deben definirse antes del 12 de mayo
El Perú está próximo a vivir, probablemente, los comicios más complejos de su historia republicana. Serán 43 los partidos políticos que presentarán sus candidaturas para plancha presidencial (presidente y dos vicepresidentes), Congreso (senadores y diputados) y representante ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Ante esa cantidad sin precedentes de opciones cuya decisión se perfila, a todas luces, imposible para que un ciudadano dirima con un mínimo sentido de claridad informativa, la conformación de alianzas entre afines democráticos resulta —esta vez— una necesidad de sobrevivencia nacional.
Incluso pensando solo en niveles mínimos de gobernabilidad que les tocará sobrellevar a las siguientes administraciones en el Ejecutivo y Parlamento, la búsqueda de sumatoria de fuerzas diversas es prioritaria.
De acuerdo con el calendario publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las más de cuatro decenas de organizaciones políticas que lograron finalmente su inscripción tienen como fecha límite para registrar —oficialmente— las alianzas electorales que conformen hasta el próximo lunes 12 de mayo. Es decir, desde hoy, 30 días.
En ese sentido, la agenda política que se inicia en este periodo clave para el futuro del país debería estar motivado por la exigencia histórica urgente de retomar el curso de las políticas públicas del país, empezando con la puesta en marcha de medidas contra la crisis de inseguridad ciudadana, de alimentación, de generación de empleo y lucha estratégica contra las actividades ilegales que minan el erario nacional y, por ende, el desarrollo de los peruanos.
Sin embargo, vale la pena recordar, a un año de las próximas elecciones, que los deberes son una consecuencia exclusiva de los derechos. Al respecto, expertas electorales como Sarah Birch (2023) y Emilée Chapman (2021) afirman que, durante los comicios en un país, se espera que “la ciudadanía tenga la responsabilidad de participar activamente en los procesos electorales”.
Esa tarea es clave. Dado que las instituciones políticas de las que dependen las autoridades elegidas en elecciones son las que finalmente otorgan y mantienen los derechos de todos, el involucramiento ciudadano resulta, finalmente, menester.