Aborto terapéutico: un procedimiento legal pero poco accesible
En 2017, Camila tenía apenas 13 años cuando quedó embarazada a consecuencia de los abusos que sufría de parte de su progenitor. Ante esta situación, solicitó junto a su madre un aborto terapéutico debido a que representaba un grave riesgo para su vida y su salud.
Pero su pedido fue desatendido. Tiempo después, Camila sufrió una pérdida espontánea a las 13 semanas de gestación. En lugar de recibir apoyo médico y psicológico, fue sometida a un proceso penal: la Fiscalía la acusó de haber inducido su aborto.
Con el apoyo de Promsex, la sentencia fue finalmente revocada en segunda instancia. Sin embargo, en ese tiempo, la menor había abandonado su hogar y suspendido sus estudios.
Por ese motivo, decidió llevar su caso ante organismos internacionales. El fallo fue contundente: el Estado peruano fue responsabilizado de violar sus derechos como niña, y se le ordenó brindar a Camila una reparación integral por el daño causado.
No es el único caso. En Junín, a Rosa, como la llamaremos, de 13 años, se le negó el acceso al aborto terapéutico y fue obligada a llevar el embarazo a término, pese a que fue víctima de abusos sexuales.
A su corta edad, tuvo que enfrentar un embarazo riesgoso, ya que su organismo no estaba preparado para gestar. La menor falleció mientras era trasladada al Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo, a causa de una complicación en el parto.
Los casos de abuso sexual aumentan
Lo que vivieron Camila y Rosa no es una historia aislada. Solo en enero y febrero del 2025 se han atendido 1.179 casos de violación sexual a menores de edad en el país, según estadística de los centros de Emergencia Mujer.
Además, este año, 139 menores, con edad de entre los 11 y 14 años, se convirtieron en madres en el Perú, según los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Minsa.
Y como es lógico, la región con más casos es Lima, con 23 menores que dieron a luz; seguida de Loreto con 15 y Ucayali con 14. Además, Piura registró 11 casos, La Libertad 10, y otras regiones como Ica, Junín, Lambayeque y San Martín reportaron 7 casos cada una.
Pese a estas cifras, el sector conservador del Congreso, junto con sus aliados en la sociedad civil, busca modificar la guía técnica que regula el aborto terapéutico en el Perú, una práctica legal desde 1924 y reglamentada por el Ministerio de Salud (Minsa) en 2014.
Entre los detractores de la guía técnica se encuentran congresistas como Norma Yarrow y Milagros Jáuregui de Aguayo, quienes han acusado a la Maternidad de Lima de “flexibilizar” los criterios para acceder a un aborto terapéutico y han exigido al Minsa y a Susalud que investiguen su aplicación.
“Es legal y necesario”
Al respecto, el médico investigador Percy Mayta-Tristán resalta que el aborto terapéutico es legal y muy necesario en situaciones en las que la vida de la madre se encuentra en riesgo.
Además, sostiene que en casos en los que el embarazo involucra un feto no viable; es decir, aquellos que no sobrevivirán más de una semana tras el parto, interrumpir el embarazo es una medida que evita el sufrimiento innecesario. “Exponer a una mujer a continuar con un embarazo que solo traerá sufrimiento para ella es crueldad”, señala.
De acuerdo con Mayta-Tristán, el número de víctimas de violación infantil es mucho mayor, mientras que los casos de acceso al aborto terapéutico en hospitales son mínimos.
Uno de los pocos lugares en el Perú donde se puede acceder al aborto terapéutico es la Maternidad de Lima, que opera bajo un reglamento específico.
Por ese motivo, según indica el investigador, este bloque conservador del Congreso busca quitarles el acceso a este derecho fundamental a muchas mujeres.
Gran retroceso
Para la exministra de la Mujer Gloria Montenegro, esta modificación representaría un retroceso de más de cien años en la legislación sobre el aborto terapéutico. Y agrega que ello implicaría un grave daño en una sociedad aún machista y patriarcal, donde, asegura, todavía falta mucho por avanzar en educación con enfoque de género.
Asimismo, advierte que en la Amazonía, una de las regiones con mayor número de agresiones sexuales contra menores, el Estado no garantiza los derechos de las víctimas. “Ya vimos el caso de Camila. El Estado no actuó como debía. Y si ahora modifican el protocolo, ¿qué pasará con las demás?”.
Pocos casos
Al respecto, Elisa Juárez, docente de la Universidad Científica del Sur y consultora en temas de investigación, también advierte sobre la baja aplicación del aborto terapéutico en el país, a pesar de su legalidad y estar reglamentado.
“Justo el año pasado realizamos una investigación por encargo de Promsex para conocer cuántos abortos terapéuticos se realizaron entre 2014 y 2023. Uno de los hallazgos más llamativos fue el bajo número de intervenciones registradas: es alrededor de 300 casos”, explica Juárez.
Y agrega que se trata de cifras realmente preocupantes, especialmente si se toma en cuenta la cantidad de niñas menores de 15 años que han dado a luz en los últimos años.
Negatividad de médicos
Asimismo, la investigadora revela que existe una fuerte resistencia por parte de muchos prestadores de salud a aplicar la guía técnica del aborto terapéutico. Las razones son diversas: desconocimiento, temor, objeción de conciencia. Pero asegura que el resultado es que las mujeres no acceden al servicio, aun cuando tienen derecho a él.
Además, Juárez cuestiona que el proceso burocrático establecido por la guía es extenso, con múltiples pasos, y que en la práctica los tiempos se dilatan, lo que hace que, cuando finalmente se autoriza el procedimiento, ya sea tarde (más de 22 semanas).
Campaña de hostilización hacia hospital
Para Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán, hay una campaña de hostilización contra el personal médico de la Maternidad de Lima, institución que tiene la capacidad legal y técnica para aplicar el aborto terapéutico.
Denunció que existe una presión directa desde sectores conservadores del Congreso, que busca imponer trabas al protocolo actual y limitar el acceso a este derecho.