Fuerza Popular impulsa denuncia y ley para bajarse a la Junta de Fiscales Supremos
En política no existen coincidencias. El partido de Keiko Fujimori mueve los hilos para cambiar el Reglamento del Congreso y así poder someter a los funcionarios del sistema judicial que están en la mira de su agrupación y sus aliados.
Esta semana, el plan fujimorista avanzó por dos caminos. Primero, la Comisión de Constitución, que preside el congresista naranja Fernando Rospigliosi, aprobó un dictamen de un proyecto de ley promovido por su colega de bancada Patricia Juárez para modificar el artículo 89 del Reglamento legislativo y permitir al Pleno del Congreso suspender a altos funcionarios —ministros, fiscales, jueces y magistrados— con solo 50 votos en procesos de acusaciones constitucionales.
Horas después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que lidera la congresista de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña, admitió a trámite una denuncia constitucional impulsada por Rospigliosi y sus colegas Alfredo Azurín (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) contra los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos).
Se trata de una acusación constitucional que cuestiona al Ministerio Público por no aplicar la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de presuntos delitos. Rospigliosi y sus colegas imputan a los fiscales supremos supuestas infracciones a la Constitución, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
La denuncia constitucional de Rospigliosi pretende someter a la fiscal Espinoza y sus homólogos a un juicio político que tiene como máxima sanción la inhabilitación de la función pública. Esto, sin embargo, requiere de 67 votos en el Pleno, sin contar a los 30 integrantes de la Comisión Permanente. Se trata de un número que le resulta complicado conseguir al fujimorismo (ver despiece).
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El proyecto de Juárez, por eso, abre una alternativa: la suspensión del alto funcionario mientras es investigado por los presuntos delitos mencionados en la acusación constitucional.
El trasfondo es que la propuesta de Juárez permitirá que los fiscales supremos, entre ellos Espinoza, sean suspendidos del cargo con solo 50 votos en el Pleno.
Esa cantidad de votos resulta más viable de conseguir para la coalición conformada por FP, APP, Perú Libre, Somos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia y otros grupos que se han sumado a la arremetida contra el sistema judicial.
Cuando fue admitida a trámite la denuncia contra la Junta de Fiscales Supremos en la Subcomisión de Acusaciones, Rospigliosi celebró.
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“Ellos están obligados a aplicar la ley, si no lo hacen deben ser sancionados. Puede recurrir al TC, como han hecho, pero en tanto este no falle, no pueden burlarse de la ley. Basta de abusos e impunidad de estos fiscales politizados y prevaricadores. Deben ser destituidos e inhabilitados. ¡Soluciones radicales!”, exclamó el fujimorista.
Para la congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque, la expresión de Rospigliosi refleja la verdadera intención del fujimorismo con el proyecto de Juárez.
“Ahora quien preside la Comisión de Constitución informa que la SAC ha aprobado su denuncia contra todos los fiscales supremos que evidentemente se tendrá que ver en el Pleno. ¿Qué coincidencia, no?”, tuiteó.
“La población debe saber que el próximo objetivo del fujimorismo (…) es suspender a los fiscales supremos del país para que luego (seguramente) nos impongan una reforma de justicia. Pero, ojo, no es solo el fujimorismo, esta orientación tiene el respaldo de otras bancadas”, lamentó. Así opera FP en el Congreso.
Fiscales y magistrados inhabilitados
En junio del 2023, el Congreso aprobó con 71 votos a favor la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos por supuestamente no haber investigado al expresidente Pedro Castillo. Ávalos recurrió al Poder Judicial mediante una acción de amparo y logró regresar al cargo.
En marzo del año pasado, el Congreso aprobó con 67 votos la inhabilitación de los entonces magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez. Ambos también lograron revertir esa decisión mediante un amparo. No es la primera vez que el Congreso ataca al sistema judicial.