La nueva estrategia: aciertos y omisiones (Primera de dos partes)
Como lo comenté la semana pasada, las autoridades federales recién publicaron un documento en el que plasman la nueva ‘estrategia’ de seguridad. Aun con los méritos indudables que posee, este escrito semeja más un plan que una estrategia, pues no pone en claro ni los objetivos rectores ni los desafíos principales que enfrentará la estrategia. La primera omisión quizás tenga que ver con el deseo de dotarla de versatilidad o adaptabilidad en un contexto de alta incertidumbre. La segunda omisión, por su parte, quizás refleja la voluntad de no generar tensiones con AMLO, pues durante su gestión se agravaron notablemente varios fenómenos criminales que indicaré más adelante.
Vale la pena contextualizar. Cuando inició la actual crisis de seguridad, en mayo de 2008, pensamos que se trataba simplemente de irrupciones de violencia regional en algunos centros urbanos al norte del país, pero en el tramo 2009-2011 nos dimos cuenta de que se trataba de un problema mucho más complejo que se expandía velozmente del norte al centro del país, y que se expandía también de las metrópolis hacia las zonas rurales y los cinturones suburbanos. Nos percatamos, finalmente, que la diversificación de los mercados criminales era un proceso en marcha.
Esos cuatro años (2008-2011) marcaron la pauta de lo que vendría después: fragmentación y dispersión de las organizaciones criminales, violencia crónica en varios estados e intermitente en otros, la aparición de grupos de autodefensa en algunas entidades, y una progresiva debilidad del Estado mexicano en el flanco del control territorial. Este último problema se convirtió a un tiempo en causa y consecuencia de tres fenómenos que terminaron por desbordarse a fines del sexenio pasado: el cobro del ‘derecho de piso’, la desaparición de personas y la infiltración de los grupos criminales en las elecciones.
Desde Calderón, pasando por Peña y López Obrador, los planteamientos del gobierno en materia de seguridad han adolecido de un amateurismo crónico en el plano técnico, pero al mismo tiempo han mostrado una buena dosis de racionalidad en el plano político-partidista. El cálculo político ha sido administrar la crisis en el corto plazo con gran dosis de pragmatismo, sin importar que en el mediano y largo plazo se acumulen los problemas, para ocultarlos después debajo del tapete.
De modo que el nuevo gobierno de Sheinbaum recibe a un país sofocado por el crimen organizado, con crisis regionales de intensidad irregular aquí y allá. Para nuestro infortunio, salvo algunos casos excepcionales que cuento con los dedos de una mano, casi todos los gobiernos estatales han sido derrotados escandalosamente en la ‘guerra contra el crimen’. Cada vez queda más claro que las capacidades institucionales del país se quedaron muy cortas para darle un giro a la situación prevaleciente. ¿Por qué se quedaron cortas? Veo tres factores: la cooptación (ya sea con la plata o con el plomo) de un altísimo número de gobiernos municipales por parte del crimen; la imparable penetración de las mafias en las elecciones locales, y un arraigo social creciente del crimen en vastas regiones del país.
La implementación de la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum arrancó a tambor batiente, pues tuvo que reaccionar a toda velocidad ante dos factores imprevistos: la guerra al interior del Cártel de Sinaloa (que amenazaba con extenderse), y el triunfo electoral de Trump (quien en campaña presentó a los cárteles mexicanos como la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y desde el primer día emitió órdenes ejecutivas para atender tal amenaza).
Dos rasgos distintivos de la nueva estrategia de seguridad han elevado la eficacia a las acciones del gobierno federal enfocadas en combatir al crimen organizado. Tales rasgos están enunciados en los ‘ejes’ tercero y cuarto del documento, los cuales son tanto el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, como la coordinación ‘absoluta’ al interior del gabinete de seguridad, y entre las autoridades federales y las de las entidades federativas. No exagero al decir que nunca antes la inteligencia y la coordinación ‘absoluta’ habían regido una estrategia nacional de seguridad. Este logro parece que está en proceso de convertirse en una realidad por la rara conjunción de tres factores políticos: México posee a un secretario de seguridad de perfil técnico, que forma parte del primer círculo presidencial; la opinión de este secretario fue tomada en cuenta por la titular del Ejecutivo para el nombramiento de los titulares de las dos carteras militares, y finalmente, tenemos a un secretario de seguridad que interactúa con 24 gobernadores que mantienen una alianza político-partidista con la presidenta de la República.
En contraste con la gran trascendencia de los ejes 3 y 4 en la nueva estrategia, los ejes 1 y 2 (atención a las causas y consolidación de la Guardia Nacional) poseen solamente un valor simbólico. Su inclusión es un gesto político para aparentar continuidad con la estrategia del gobierno anterior. Continuidad difícil de dilucidar.