Banco Central prepara propuesta de reforma al fondo que protege depósitos de ahorrantes
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) prepara una propuesta para reformar la Ley de Creación del fondo de garantía de depósitos y los mecanismos de resolución de intermediarios financieros.
Ana Rita Mora, directora del Departamento del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del BCCR, confirmó que trabajan en dos propuestas: una para poder invertir en los bonos del Gobierno y otra para acelerar el ritmo de maduración del FGD.
Esta última implicaría un incremento en el porcentaje de contribución que realizan las entidades financieras, que actualmente no puede exceder el 0,15% de los depósitos garantizados de sus clientes al año.
“No podemos desfavorecer o perjudicar a las entidades. La propuesta consistiría en que se apruebe por ley una metodología con un monto variable, no un porcentaje fijo. Pero, definitivamente, implicaría un monto mayor al que se está cobrando”, aseguró Mora en entrevista con La Nación.
Fondo de garantía cubre ¢15 de cada ¢100 ahorrados por los depositantes bancarios
El propósito de esta reforma es reducir el plazo en que el Fondo alcanzará su nivel de maduración, ya que actualmente se estima en más de 40 años, según la metodología de acumulación establecida en la normativa vigente.
El porcentaje mínimo de maduración es del 5% de los depósitos garantizados en las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), pero actualmente se encuentra por debajo del 1%.
La propuesta para invertir en el mercado interno plantea contrarrestar el riesgo cambiario al que está expuesto el Fondo. Actualmente, todos los recursos se invierten en el exterior, ya que la ley vigente prohíbe colocarlos en bonos del Gobierno, del BCCR o de entidades contribuyentes, lo que limita significativamente las opciones en colones.
“Se está trabajando en una propuesta para que el fondo pueda ampliar su espectro de inversiones e incluya, al menos, al Gobierno. ¿Por qué no al Banco Central? Porque es el que administra el Fondo, lo que generaría un claro conflicto de interés”, afirmó Mora.
En total, el Fondo tiene ¢13.579 millones invertidos. Durante el último año, la menor variación en el tipo de cambio provocó un perjuicio de ¢34 millones por diferencial cambiario.
ABC en contra
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), consideró que la disposición de invertir todos los recursos del Fondo en activos externos debe mantenerse, debido a que cumple el objetivo de colocarlos en instrumentos de alta calificación y muy bajo riesgo.
Cortés señaló que de esta forma se desvincula la cartera del FGD del riesgo país y que estas disposiciones se basan en recomendaciones de organismos y expertos internacionales.
“Si se quisiera autorizar la inversión en activos locales, esta debería limitarse a una fracción muy pequeña de la cartera total, no más de un 5%. Además, para cubrir el riesgo cambiario que resulta de invertir en activos externos, podrían adquirirse mecanismos de cobertura cambiaria. No es necesario invertir en el mercado local”, afirmó Cortés.
En relación con las contribuciones de los intermediarios, la directora ejecutiva de la ABC dijo que la ley estableció una solución “cuidadosa y equilibrada”, para permitir que el FGD se fuera llenando gradualmente sin comprometer la salud financiera del sistema.
“La propuesta de aumentar las contribuciones al FGD sería no solo innecesaria, sino también inconveniente. El sano y cuidadoso equilibrio que buscó la legislación vigente debe mantenerse”, explicó Cortés.
Johnny Monge, director financiero del Banco Popular, manifestó que un ajuste en las contribuciones podría tener impactos que deben evaluarse en conjunto con las entidades. Si bien incrementar los aportes fortalecería la capacidad del Fondo para responder a crisis, también podría generar presión financiera adicional sobre el sistema, añadió.
“Es crucial que cualquier aumento en los aportes sea equilibrado y no comprometa la liquidez y rentabilidad de las instituciones”, expresó Monge. Al ser una reforma a la ley, aprobada a inicios de 2020, el ajuste tendría que pasar por la Asamblea Legislativa.