El Plan Reside , la nueva normativa del gobierno de la capital para controlar el auge de las viviendas turísticas, se aprobará definitivamente en el pleno del mes de mayo. Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, minutos antes de la última comisión del ramo, donde el grupo socialista ha pedido una comparecencia para abordar nuevamente esta problema. Posteriormente, el alcalde ha confirmado que confían llevarlo el mes que viene a un pleno extraordinario . Antes de su interevención, Carabante ha defendido que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida «está actuando más de lo que se hizo del año 2015 al 2019, cuando gobernaba a la izquierda, cuando Rita Maestre era responsable y cuando no tomaron ninguna decisión, o más bien tomaron la decisión que ha permitido que hoy haya 16.000 viviendas turísticas». «Lo que estamos poniendo en marcha es un Plan Reside, una normativa nueva que va a permitir conciliar las necesidades que tenemos también de ofertar este servicio a los turistas con la mejora de la convivencia», ha recordado. Esta nueva norma, que sustituirá al plan de hospedaje en 2019, divide la capital en dos zonas: el centro histórico (el ámbito APE 0.01) y el área que queda fuera de este. Dentro del centro, se prohibirán las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de vecinos. La única excepción será en edificios obsoletos y en mal estado ubicados en calles no comerciales, donde se permitirá funcionar como vivienda turística en edificio exclusivo durante 15 años, con una licencia directa ligada a la rehabilitación y restauración del inmueble. Posteriormente, volverá a tener uso residencial. Dentro del centro histórico también se prohíbe la transformación de los locales en pisos turísticos. Fuera de la almendra central se permitirán los pisos turísticos tanto en edificios completos como viviendas dispersas siempre que puedan contar con un acceso independiente. Tampoco se permitirá en este área la transformación de antiguas tiendas en VUT dentro de los principales ejes comerciales. Tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad tiene cuatro meses para autorizarlo, por lo que debería estar definitivamente en vigor en verano. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también ha defendido que mientras se aprueba esta norma su gobierno «ha incrementado las sanciones que pueden llegar hasta 190.000 euros restableciendo la legalidad en numerosas viviendas turísticas«. En concreto, » en el año 2024 hasta 538 VUT volvieron a ser viviendas como consecuencia de las inspecciones y de las sanciones«. »Estamos en el buen camino, que es precisamente el contrario al que nos llevó la izquierda«, ha valorado. En este sentido, Antonio Giraldo, portavoz socialista del ramo, denunció que el rpoblema es «la disciplina y no la normativa». Según el informe anual de la Agencia de Actividades, relató, el año pasado se impusieron de forma efectiva 92 sanciones efectivas (la mayoría de más de 30.000 euros), lo que supone un total de algo más 2,5 millones y medio de euros. Además, denunció, pese a que se anunció un aumento del personal dedicado a las tareas de inspección, «psea a un ligero repunte», la agencia cuenta con un total de 18 profesionales dedicados a estas tareas para toda la ciudad de Madrid.
