Los eurodiputados de Se Acabó la Fiesta estudian acciones legales contra Alvise por sugerir que les ha comprado el lobby armamentístico
Diego Solier y Nora Junco rechazan las palabras del líder de SALF en las que dice que ha pedido explicaciones por la diferencia en las votaciones relacionadas con el plan de rearme
Alvise Pérez asegura que sus dos eurodiputados pudieron ser comprados por lobbies a favor del rearme en Bruselas
Los dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta (SALF) que obtuvieron escaños el pasado año junto con Luis 'Alvise' Pérez estudian acciones legales contra el agitador de la ultraderecha por sugerir que les ha podido comprar el lobby armamentístico. Así lo trasladan desde el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) en nombre de Solier después de que Alvise dijera en una entrevista para el canal 'Eclécticos Worldwide' que había pedido “explicaciones” por el sentido su apoyo al plan de rearme en votaciones en el Parlamento Europeo: “No sé si ha venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío”.
“No es cierto lo que dice el señor Pérez. La señora Junco y yo rechazamos totalmente sus afirmaciones y estamos estudiando acciones legales”, señala Solier en respuesta a las preguntas de esta redacción formuladas a través de ECR. Ese grupo, que lideran los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y los ultranacionalistas polacos de Ley y Justicia, aceptó a Junco y Solier, pero no a Alvise, en sus filas.
El agitador solicitó la incorporación de SALF en ese grupo, del que Vox formó parte la anterior legislatura antes de alinearse con los ultras del Fidesz de Viktor Orbán o de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Sin embargo, la decisión que tomó la dirección de ECR fue aceptar únicamente a Solier y Junco y dejar fuera a Alvise Pérez por sus problemas con la justicia. Desde entonces, él permanece en el grupo de los No Inscritos.
El agitador tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo: una por financiar su candidatura con 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, tal y como reveló elDiario.es, y otra por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.
“Hay unos lobbies muy fuertes de poder de los que ni siquiera yo soy indemne”, critica Alvise Pérez en esa entrevista en la que posteriormente especula con la posibilidad de que los otros dos miembros de la agrupación electoral que encabezó hayan votado tras haber sido sobornados. “Yo no puedo controlar, no sé si han venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío, yo sé lo que voto yo. Te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va”, expresó en la entrevista.
El 'plan de rearme' que presentó Ursula von der Leyen con la intención de que los países europeos disparen el gasto en defensa en 800.000 millones de euros no requerirá la aprobación de la Eurocámara. El grueso del dinero (650.000 millones, según los cálculos de la Comisión Europea) lo pondrán los estados miembros a través de la flexibilización de las reglas fiscales, que permitirá que los gastos no computen a la hora de evaluar el déficit y la deuda del país.
Los 150.000 millones restantes responden al instrumento SAFE con el que Bruselas pretende asumir deuda para proyectos de compra de armamento por parte de al menos dos estados miembros (o un estado miembro y Ucrania), pero que tendrán que abonar igualmente los países. El gobierno comunitario sorteará al Parlamento Europeo en la aprobación de ese instrumento porque lo ha impulsado bajo el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE que lo permite en casos de urgencia.
Lo que por el momento se ha votado en la Eurocámara son resoluciones sobre las capacidades de defensa y el aumento del gasto militar.