Atención, inmigrantes de Florida: policía de esta ciudad podría unirse al ICE para ejercer funciones de control migratorio
Miami, la segunda ciudad con mayor población en Florida, podría redefinir el rol de sus cuerpos de seguridad si se aprueba el acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta semana, la Comisión de la Ciudad debatirá si otorga luz verde al acuerdo 287(g), el cual habilitaría a los agentes locales para aplicar la ley migratoria durante sus patrullajes habituales.
Este tipo de colaboración, estructurada bajo el modelo de “grupo de trabajo”, autoriza a las fuerzas municipales a detener, interrogar y procesar a inmigrantes con presuntas infracciones migratorias. ICE promueve este mecanismo como una manera de expandir sus capacidades operativas al sumar a la policía como apoyo táctico. No obstante, el plan ha generado alarma en una comunidad integrada mayoritariamente por inmigrantes hispanos o latinos, quienes representan más del 70 % de los habitantes.
La expansión del programa 287(g) en Florida genera inquietud
Florida lidera el país en número de acuerdos 287(g), con más de 200 agencias activas bajo este esquema. En el condado de Miami-Dade, localidades como Hialeah, Sweetwater y Coral Gables ya forman parte del programa. Si Miami se suma, se consolidaría una red más amplia de control migratorio en la región.
Aunque fue suspendido en 2012 por el gobierno de Barack Obama por fomentar acciones discriminatorias, el programa fue restablecido tras el regreso de Donald Trump al poder. Esta reactivación refuerza el enfoque federal en combatir la migración irregular. Como consecuencia, los inmigrantes en Miami temen un incremento en la persecución y una erosión de la confianza hacia las autoridades locales.
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Marco legal en Florida y presión política sin carácter obligatorio
La ley estatal de Florida impone la participación de las cárceles del condado en los convenios con ICE, pero no obliga a los departamentos policiales municipales a adoptar el programa 287(g). Aun así, el gobernador Ron DeSantis ha instado firmemente a los gobiernos locales a colaborar, invocando la normativa contra las ciudades santuario.
Este marco legislativo restringe a las jurisdicciones locales de implementar medidas que limiten la cooperación con las autoridades migratorias federales. Sin embargo, líderes de la comunidad y defensores de los derechos de los inmigrantes alertan que tales políticas pueden afectar negativamente la relación entre los ciudadanos y la policía. Aseguran que podría inhibir la denuncia de delitos por miedo a la deportación.