La detención de una jueza en ejercicio en Estados Unidos, por presuntamente interferir en una operación de deportación migratoria, representa un hecho sin precedentes recientes y marca un punto de inflexión en el enfrentamiento entre la administración de Donald Trump, decidida a perseguir penalmente a quienes cuestionen sus políticas, y el poder judicial. Este viernes, el director del FBI, Kash Patel, en persona, anunció en redes sociales la detención de Hannah Dugan, jueza del condado de Milwaukee, a quien acusa de haber desviado a agentes federales para impedir el arresto de un inmigrante en su tribunal. En un mensaje en X, que eliminó poco después, Patel afirmó que el FBI había arrestado a Dugan por cargos de obstrucción tras una operación migratoria fallida la semana anterior. Según su versión, la jueza desvió a los agentes cuando intentaban detener a Eduardo Flores Ruiz , a quien describió como un «inmigrante ilegal». Añadió que los agentes lograron detenerlo tras una persecución a pie, pero que la actuación de la jueza «aumentó el peligro para el público». El incidente se remonta a la semana pasada, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) acudieron al tribunal con una orden judicial. Tras mostrar la documentación, se les pidió esperar a que concluyera la audiencia en curso. Según la acusación, fue entonces cuando Dugan intervino, permitiendo que el detenido escapara momentáneamente. La detención fue confirmada por un portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, aunque los cargos aún no figuran en los registros judiciales. El Departamento de Justicia no ha emitido comentarios. El Ejecutivo del Condado de Milwaukee, David Crowley, señaló en un comunicado que «como cualquier ciudadano, la jueza tiene derecho al debido proceso» y pidió dejar que el sistema judicial actúe, informa la cadena local TMJ4. El arresto llega en un momento de tensión creciente entre el gobierno federal y sectores del poder judicial. En enero, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales que investigaran posibles delitos por parte de funcionarios estatales y locales que, según el gobierno, interfieren con funciones federales. El memorando mencionaba como posibles cargos la conspiración y el delito de encubrimiento de personas en situación migratoria irregular. El presidente Trump ha defendido una estrategia mucho más agresiva en esta materia. «Tenemos jueces que están saboteando la voluntad del pueblo», declaró recientemente. También ha dicho que «la justicia está rota» y ha pedido la destitución de magistrados como el juez James Boasberg, que bloqueó una deportación masiva de venezolanos. «Ese juez debería ser destituido de inmediato», dijo tras conocer el fallo. Tanto el presidente como la Casa Blanca, por medio de sus portavoces, han acusado a los jueces que ponen coto a sus medidas migratorias de «lawfare», es decir, del uso del poder judicial como herramienta política para frenar la agenda del Ejecutivo. En discursos y declaraciones públicas, Trump ha sostenido que algunas decisiones judiciales buscan «proteger a delincuentes» y «bloquear acciones que tienen el respaldo del pueblo». Dugan es jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee desde 2016, tras vencer en las elecciones al entonces titular Paul Rifelji. Fue reelegida sin oposición en 2022, y su mandato actual finaliza en agosto de 2028. Preside la sala 31, donde se tramitan principalmente casos de delitos menores. En la puerta de su juzgado figura una nota invitando a solicitar audiencias por Zoom si alguna persona se siente insegura al acudir en persona, una indicación que apunta a la sensibilidad del entorno judicial en el que trabaja.
