La decisión del Gobierno de resolver unilateralmente un contrato de compraventa de munición para la Guardia Civil , firmado con una empresa israelí, trasciende la arbitrariedad absoluta del acto concreto y se proyecta como un ejercicio irresponsable de improvisación para que Pedro Sánchez tape otra grieta en su Consejo de Ministros. Se trata, además, de un acto hipócrita de falso pacifismo, porque hay otros muchos contratos con empresas israelíes en materia de defensa y habrá que ver si el pavoneo de la extrema izquierda va a poner de nuevo al presidente del Gobierno contra las cuerdas. Lo cierto es que en esta ocasión Sánchez no se ha dedicado a marear la perdiz y ha respondido rápidamente a las amenazas no tanto de Sumar, sino del Partido Comunista, escondido en las siglas de Izquierda Unida. Ha debido de pensar Sánchez que con los comunistas no funcionan los trucos trileros que aplica a Carles Puigdemont, incluso a su locuaz vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Bastó un par de avisos de que se acababa el apoyo de IU para que Sánchez se acreditara de nuevo como un político escaso de escrúpulos y sobrado de ambición, dejando a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los pies de los caballos, una vez más. Este espectáculo de amenazas con freno y marcha atrás dibuja el cuadro de una izquierda española sin proyecto para España, atenazada por sus prejuicios ideológicos más rancios, pero que sabe que al frente tiene a un político cuyo único objetivo es la conservación del poder. Sánchez, con su tendencia autoritaria, ha fundido el interés de España en el suyo propio y solo toma decisiones que beneficien su permanencia en La Moncloa. El incumplimiento doloso e injustificado de un contrato es una conducta socialmente reprochable. En el plano internacional, también. Más aún cuando es la coartada para simular un prurito pacifista y pro derechos humanos del que se olvida la izquierda española cuando toca hablar de Putin, de Maduro o del régimen comunista de Cuba. La queja del Gobierno israelí, bastante moderada en sus términos para lo que suele recibir desde España, ha sido devuelta destempladamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recordando que Israel sigue causando muertos en Gaza. Si tal es el argumento oficial del Gobierno, habrá de extender su política de incumplimiento a todos los contratos con Israel, pero también habrá de proponer en Europa que no se compre a Rusia más gas. El error de fondo que explica las palabras de Albares sigue siendo el activismo partidista de un Ejecutivo que ha dejado de serlo para mutar en una célula radical. En el contexto internacional, y siendo legítimas las críticas a los excesos evidentes de la intervención israelí en Gaza, Israel es un aliado objetivo de Occidente, de Europa y, por tanto, de España. El juego a corto plazo en el que vive Sánchez le ha hecho perder de vista este escenario de los intereses estratégicos españoles. Israel es más que el actual mandato de Benjamin Netanyahu y sigue representando un agente esencial en la seguridad colectiva de las democracias occidentales, en la investigación y desarrollo de sistemas de armamento, de inteligencia y de ciberseguridad. Los pagadores de esta rabieta de la izquierda extrema del Gobierno son, por supuesto, los contribuyentes y la Guardia Civil, pero también la correcta ubicación de España en un sistema colegiado de seguridad internacional , donde las arbitrariedades, como incumplir contratos debidamente firmados y legalizados, generan desconfianza y marginación.
