El propietario de la manufacturera Sargadelos, Segismundo García, se ve «incapaz» de cumplir con «toda la normativa» que garantizaría la salud de sus empleados en su fábrica de Cervo (Lugo). Lo decía él mismo recientemente, en una carta remitida a la Inspección de Trabajo como reacción a la apertura de un expediente –después de que dos trabajadoras desarrollasen silicosis– reclamándole subsanar hasta 36 deficiencias detectadas en la planta. El mismo dueño instaba, en su escrito, a la autoridad laboral a que sea ella la que «clausure» el complejo; aunque, en su lugar, empresa y Xunta acabaron firmando un acuerdo para procurar su viabilidad. Con todo, García parece ahora mismo más dispuesto a tirar la toalla con la fábrica: este viernes se han anunciado tres despidos, y fuentes consultadas por Europa Press ratifican que las cartas distribuidas alegan que la fábrica no puede garantizar la seguridad, por lo que se procederá a suprimir puestos de trabajo y a una reducción de la producción. Según han confirmado, por otro lado, los sindicatos, los tres despidos anunciados se corresponderían con trabajadores de entre los doce que se reincorporaron a comienzos de este mes pasados los cuatro primeros días en los que la fábrica mantuvo la persiana bajada. Entonces, el dueño aseguraba que lo hacía para preservar la salud de la plantilla de producción y ante la «incapacidad» para aplicar la normativa que se le había indicado en materia de seguridad laboral. Así que planteó a los trabajadores firmar un documento por el que o bien accedían a la planta bajo su responsabilidad, o bien adelantaban parte de sus vacaciones para no tener que acceder al interior de la planta. Una parte reducida aceptó una u otra alternativa, y la mayoría optó por concentrarse a las puertas. La situación culminó con el acuerdo firmado con el conselleiro de Emprego, José González, para la realización de un estudio sobre mejoras, aunque por el momento no trascendieron ni fechas ni actuaciones concretas, ni tampoco si se destinará alguna partida a la firma. El anuncio del viernes se enmarca en un contexto de años de conflictividad, despidos y acusaciones a Segismundo García de «persecución sindical». La inestabilidad ha acompañado a la firma lucense cada vez más intensamente desde los 2000; llevándola en repetidas ocasiones a recurrir a reducciones de jornadas y a EREs –no definitivos en unos casos y extintivos en otros–, pese a las aportaciones de capital de los accionistas y la Xunta para mantener los empleos. Los últimos despidos se habían dado en 2018, cuando, sin haberse alcanzado todavía la estabilidad, el propietario volvió a amenazar con cerrar la planta de Cervo. Entre ellos estuvo el de la delegada sindical, Rogelia Mariña, tras acusaciones de «presiones» por parte de los sindicatos. En cualquier caso, Trabajo ha incidido en todo momento en que, tras detectar las fallas, lo que hace no es decretar el cierre de la fábrica, sino su subsanación. Y emplaza al propietario a dar cumplimiento a la orden en un plazo de meses, a partir del momento en que tenga permiso del departamento de Patrimonio de la Xunta para las actuaciones que afecten al edificio, declarado como bien de interés cultural (BIC). Sin embargo, los despidos anunciados el viernes parecen apuntar más a la renuncia de la dirección a trabajar por implantar las mejoras, optando en su lugar por reducir la plantilla para evitar futuros problemas sanitarios.
